Boletín de Promoción Defensa e Incidencia Nº2

Por Arq. David Alfonso Ramos López, Vice Ministro de Vivienda y Urbanismo, Ministerio e Vivienda Construcción y Saneamiento, República de Perú.

¿Qué alcances presenta la política pública peruana para atender el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda para los sectores más vulnerables; cuál ha sido el proceso de decisiones para la asignación de recursos para vivienda social; la contribución de la sociedad civil, y  los desafíos a futuro?

El Perú en los últimos años, viene mostrando cifras e indicadores que nos hace pensar que las políticas públicas desarrolladas, no solo se vienen implementando y ejecutando con responsabilidad y seriedad, sino como una muestra clara de crecimiento sostenido producto de un gran cambio que se percibe en la mejora de la calidad de vida de mucha población.

En este contexto, los programas sociales diseñados y que hoy vienen ejecutándose como parte fundamental de la política económica y social, nos permiten visionar un escenario positivo en los próximos años, con la convicción de que en el mediano plazo, alcancemos no solo el reconocimiento internacional por este esfuerzo como ya viene sucediendo, sino que los beneficios puedan ser “vividos” y “experimentados” por todos los estratos internos de la población, sobretodo, aquella que por mucho tiempo fue desatendida y que hoy, no obstante la mejoría alcanzada, aun persiste con una gran cantidad de demandas.

Una de las actividades económicas que más ha crecido en los últimos años y que cuyo aporte ha sido significativo en el Producto Bruto Interno Global en el Perú, es el indicador de crecimiento de la construcción, que si bien es un reflejo de la gran cantidad de proyectos importantes y obras civiles que se vienen ejecutando, también se justifica entre otros, a través  del incremento exponencial en la construcción de viviendas y de programas habitacionales, en los que el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a tenido un rol fundamental que no ha sido otro que el de generar y promover la construcción, financiamiento y adquisición de las mismas a través de mecanismos legales y sobretodo, a través del subsidio a la demanda que ha sido fundamental para activar los agentes y promotores privados que hoy son protagonistas en todo este proceso.

Como parte de esto último, y en lo referido a  la atención del déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda para los sectores más vulnerables, el desarrollo y la consolidación de la política referida a los bonos habitacionales, ha implicado un incremento considerable de viviendas de interés social, comparado a años anteriores, dentro por supuesto, de las limitaciones y asignaciones presupuestales.

Promover la producción habitacional de bajo costo y óptima calidad, tanto en el área urbana como en la rural para la población de bajos recursos económicos; estimular la producción de soluciones habitacionales de calidad que contempla todas las modalidades de dotar de vivienda a la población: adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda; la actualización y difusión del marco normativo, técnico y administrativo (licencias) relacionado con las edificaciones, con la finalidad de incentivar la inversión inmobiliaria y garantizar la seguridad de lo construido; asegurar la permanente adhesión de los agentes que participan en la producción habitacional, así como de la población en general a los fines y objetivos de la política habitacional, son todos parte de los componentes que han ayudado en el cumplimiento de estas metas.

El proceso de decisiones para la asignación de recursos públicos para vivienda social, hoy pasa por dos procesos: 1) la formulación del presupuesto en el Ministerio de Vivienda, en base al déficit habitacional existente, considerando además que los recursos destinados para la atención de vivienda, significan una inversión tanto desde el punto social y económico, por el bienestar de las familias al mejorarles la calidad de vida, por el lado económico se traduce en generación de empleo, inyección de recursos al total de la economía; y  2) la que corresponde a la asignación de recursos públicos a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, que guarda relación con la disponibilidad de recursos que debe distribuir entre todos los sectores.

Es importante mencionar que como parte fundamental para el éxito de los programas sociales de vivienda, es el haber realizado esfuerzos por establecer mecanismos y procedimientos que permitan una clara asignación de recursos públicos a través de  la transparencia en el otorgamiento de los subsidios estatales, la estabilidad y racionalidad del marco técnico-administrativo, la seguridad jurídica de los derechos de propiedad, la focalización de las familias beneficiarias, la distribución del subsidio a nivel nacional y la permanente actualización y perfeccionamiento de los procesos normativos en la medida que crecía tanto el presupuesto como la atención de beneficiarios.

Queda pendiente y en permanente debate lo que consideramos desde el Ministerio como tarea por ser atendida, el esfuerzo que venimos haciendo para que el subsidio a la demanda de adquisición de viviendas pueda ser considerado no como “gasto” para el Presupuesto Público sino como una inversión, toda vez que genera puestos de trabajos directos e indirectos, genera una dinámica virtuosa en el aspecto económico y financiero y se logra además solucionar muchas necesidades y carencias familiares, lo cual contribuye al desarrollo humano y al crecimiento del país. El subsidio para una vivienda implica además no sólo la atención al déficit a la demanda de vivienda, sino que además comprende la atención a necesidades tales como, salud, educación, entre otros, otorgando bienestar y seguridad a los miembros de las familias beneficiarias, reduciendo la pobreza significativamente, en una especie de ahorro a mediano y a largo plazo por parte del Estado.

El mayor desafío para el país y para los países de la región en términos de financiamiento público de viviendas, pasa por consolidar  una política de vivienda sostenible en base a la asignación presupuestal multianual permanente de los Gobiernos Nacionales para garantizar el desarrollo de los programas de subsidio directo habitacional que permitan el afianzamiento del mercado de vivienda de interés social, reducción del déficit habitacional en menor tiempo y fomentar el empleo y disminución de la pobreza. Asimismo por establecer mecanismos financieros que permitan generar fondos revolventes que hagan posible la sostenibilidad de los recursos en el tiempo.

La articulación armoniosa con la sociedad civil se logrará no solo a través de los demandantes beneficiarios, sino sobretodo con la participación de los privados  alrededor de un enfoque de mercado, propiciando la incorporación de los agentes económicos y sociales a integrase a la cadena de producción de viviendas que permitan que un mayor número de  familias demandantes de vivienda puedan beneficiarse. La producción de viviendas requiere de la concurrencia eficiente de los profesionales, los constructores y promotores, las entidades financieras, los agentes inmobiliarios,  los colegios profesionales, las universidades, todos en alianza con las autoridades nacionales, locales y regionales.

El derecho a una vivienda adecuada en una ciudad armoniosa y eficiente, no debe ser una utopía con un objetivo inalcanzable, sino mas bien el norte más difícil pero más gratificante por el que debemos continuar. Hoy se ha logrado avanzar significativamente en Vivienda y se han cimentado las bases de una política de gobierno. El reto es consolidarla y elevarla como una Política de Estado, que permita cumplir los objetivos mayores y que trascienda a las gestiones de muchos gobiernos.

 

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