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Boletín de la Red HPH ALC
Promoción Defensa e Incidencia Política Programática
Diciembre 2010

El Boletín para la Red Hábitat para la Humanidad – Promoción, Defensa e Incidencia (PDI) es una iniciativa colectiva de organizaciones nacionales y la oficina regional de Hábitat, que busca promover espacios de articulación para fortalecer los procesos de incidencia en políticas públicas a nivel local, nacional y regional. En esta edición hacemos un primer acercamiento a políticas públicas de financiamiento para la vivienda en algunos países de la región, y a los referentes en que se sustentan para el beneficio de los sectores más vulnerables. Para ello, autoridades de gobierno, profesionales, y redes de la sociedad civil contribuyen desde sus perspectivas y experiencias.

Nota del Vicepresidente
Por Torre Nelson, Vicepresidente de Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe.

Nota editorial
Por María Luisa Alvarado-Zanelli, Gerente de Promoción, Defensa e Incidencia Política, Hábitat para la Humanidad Internacional - Región América Latina y el Caribe.

Introducción
En esta edición hacemos un primer acercamiento a políticas públicas de financiamiento para la vivienda en algunos paises de la región, y a los referentes en que se sustentan para el beneficio de los sectores más vulnerables. Para ello, autoridades de gobierno, profesionales, y redes de la sociedad civil contribuyen desde sus perspectivas y experiencias. Ver más

Gobierno y política pública

Chile: Nueva Política Habitacional: Más calidad e integración social
Patricia Poblete Bennett, Ministra de Vivienda y Urbanismo 2006-2010, República de Chile.
¿Cuáles fueron los pilares fundamentales de la política del sector habitacional del Estado Chileno; y como  influyeron en la toma de decisiones públicas en el objetivo de atender a la población más vulnerable de Chile? Patricia Poblete ex ministra y consultora experta en el tema habitacional nos comparte su experiencia. Ver más

Perú: Conceptos Generales del Subsidio a la Vivienda en Perú
Arq. David Alfonso Ramos Lópes, Vice Ministro de Vivienda y Urbanismo, Ministerio e Vivienda Construcción y Saneamiento, República de Perú.
¿Qué alcances presenta la política pública peruana para atender el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda para los sectores más vulnerables; cuál ha sido el proceso de decisiones para la asignación de recursos para vivienda social; la contribución de la sociedad civil, y  los desafíos a futuro? Ver más

Procesos de cambios de política pública

CHILE, recientemente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha presentado su propuesta “Modificaciones a la Política Habitacional”.  La Red Observatorio de Vivienda y Ciudad organizó el Taller “Modificaciones a la Política de Vivienda ¿Una nueva Política Habitacional?” En dicho taller se comprende que se trata de la profundización de un modelo donde el Estado cumple un rol de facilitar la acción del mercado para dar respuesta a la problemática de la vivienda. Se concuerda que había deficiencias en la política habitacional vigente. Ver más

COSTA RICA, en Octubre 2010 la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos del gobierno Costarricense, presentó la “Política y Plan Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos” 2010-2025. En su diagnóstico identifica: ausencia de una política para capacitar a los ciudadanos en la convivencia en su barrio o en su comunidad. Ver más

Sociedad civil y política pública

Alianza Internacional de Habitantes: Financiamiento para Tierra y Vivienda en America Latina y el Caribe
Paul Maquet Makedonski, Alianza Internacional de Habitantes.
Uno  de los problemas sociales  más agudos en América Latina y el Caribe es el problema de la tierra y  la vivienda, que reviste hoy nuevas características que deben ser tomadas en cuenta al momento de analizar las posibles soluciones. Ver más

Bolivia: Construyamos un Lugar Donde “Vivir Bien”
Martha Arébalo, Ph.D en Diseño con especialidad en Estudios Urbanos, Universidad Autónoma Metropolitana de México, Sede Azcapotzalco, Coordinadora Centro Cooperativo Sueco.
El discurso oficial en Bolivia afirma que el Programa de Vivienda Social y Solidaria, marca el punto de inflexión entre un Estado que dejó la atención de la Vivienda a la iniciativa privada y desarticuló la institucionalidad del Sector; y un nuevo Estado, que asume plenamente su obligación social, especialmente con los sectores más pobres. Ver más

Brasil: Algunas Notas sobre la Política Habitacional reciente en Brasil y el Programa “Mi Casa, Mi Vida”
Demóstenes Moraes, Director Ejecutivo Nacional, Hábitat para a Humanidad Brasil.
El proceso de urbanización brasileña está marcado por una grave situación de desigualdad socioeconómica consecuencia de una histórica concentración de poder, tierra y de riqueza. Ver más

Ecuador: Políticas Públicas y Asignación de Recursos al Sector Vivienda en Ecuador
María Elena Acosta M., Máster en Políticas Públicas-Desarrollo Local y Territorial , Estudios de Sociología.
El impulso de políticas públicas en América Latina se ha constituido en la acción principal de los gobiernos y la sociedad civil para intentar disminuir las inequidades en el acceso a vivienda adecuada para las poblaciones más vulnerables. Ver más

México: La Dimensión de Género en el Ejercicio Presupuestal Programa de Subsidios del Fondo Nacional de Habitaciones Populares – FONHAPO en México
Mario Rivera, Gerente de Educación e Investigación , Hábitat para la Humanidad México.
En México, el  25%  de los hogares tienen mujeres como jefas de familia. El 29% de las mujeres de entre 15 y 49 años han sufrido violencia económica por parte de sus parejas. Por ello, es muy importante su acceso a la seguridad que representa contar con una vivienda. Ver más

Boletines anteriores:
Construyendo Derechos para la Humanidad – Boletín Nº1

Para más información, por favor visita Habitatlatino.org.

Boletín de Promoción Defensa e Incidencia Nº2

Por Torre Nelson, Vicepresidente de Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe.

Estimados colegas,

Para los que celebramos la Navidad, diciembre es un mes de enfoque y esperanza.  Enfoque en creencias básicas que merecen atención especial para reafirmar nuestro compromiso, y una esperanza de un mundo diferente para todos comenzando con los más vulnerables. Viéndolo así, me hace pensar en nuestro trabajo de incidencia.

Creemos que las viviendas adecuadas en comunidades saludables como un imperativo de la justicia social, y un derecho humano básico (para todos). Nos comprometemos a  abogar por políticas habitacionales justas e igualitarias para eliminar los obstáculos que generan la vivienda inadecuada. Y, en todo nuestro trabajo, buscaremos poner el problema de la vivienda en los corazones y las mentes de las personas de una manera tan impactante que éste se convierta en un asunto inaceptable social, política, y religiosamente.

Agradezco a todos los que han contribuido a la edición del Boletín el cual hace parte del esfuerzo global de hacer un mundo justo y mejor para todos.

Atentamente,

Boletín de Promoción Defensa e Incidencia Nº2

Por Maria Luisa Alvarado-Zanelli Gerente de Promoción Defensa e Incidencia Política, Habitat para la Humanidad America Latina y Caribe.

La ausencia de políticas adecuadas de suelo urbano, y de financiamiento vulneran el derecho a la vivienda y a la ciudad de millones de personas en la región; esta edición del Boletín focaliza en el tema del financiamiento público a la vivienda.

Desde diferentes partes del mundo nos sumamos a la celebración de la Navidad como un recordatorio de vida, sacrificio, y esperanza. Enero, nombre que proviene de janus dios romano representado con dos caras, una mirando hacia atrás (pasado) y otra hacia delante (futuro); es un buen momento del año para dar ambas miradas.

En las seis últimas décadas más de 20 instrumentos de derecho internacional [1]  han sido firmados por la mayoría de  Estados, reconociendo ampliamente la vivienda como un derecho humano; sin embargo alrededor de un mil de millón de personas [2] en el mundo, ingresan a la segunda década del siglo XXI habitando en asentamientos precarios, privados del derecho a una vivienda  adecuada y el derecho a una ciudad  que les permita el disfrute equitativo de recursos, bienes, servicios, riquezas, y oportunidades; es decir, privados de una adecuada calidad de vida.

En America Latina y el Caribe, la reciente incorporación del derecho a la vivienda y a la ciudad en las Constituciones de Ecuador (2008), Bolivia (2009); y la realización de instrumentos técnico jurídicos y políticos que norman la gestión democrática de la ciudad,  la función social de  tierra, la asistencia técnica en apoyo a la producción social del hábitat, el reconocimiento como agentes activos de la gestión y producción del hábitat a las organizaciones sociales para acceder a recursos del Estado en Brasil; el subsidio a la localización en Chile; la Carta de la Ciudad de Mexico por el Derecho a la Ciudad, y erogaciones del presupuesto público para la  vivienda con enfoque de género en México; la asociación de sector privado, social, público, y academia en el Club de la Reforma [3] como catalizadora de cambios en las condiciones de la vivienda de los sectores más pobres en Brasil; entre otros; son importantes avances que tienen en su origen la acción de incidencia y propuesta de la sociedad civil; y aunque con limitaciones en su implementación, y en condiciones particulares de país, debemos tomarlos en cuenta frente a los desafíos de la región con el mayor porcentaje de población urbana (más del 75% vive en las ciudades), y la mayor desigualdad en el mundo. [4]

Entendemos el presupuesto público y los subsidios de gobierno para la vivienda, como mecanismos que procuran universalizar el derecho de todos los ciudadanos a la vivienda, y superar las brechas de inequidad focalizando en quienes se ven más privados de su ejercicio. Con más de 128 millones de personas  viviendo en barrios precarios de las ciudades latinoamericanas [5], 20 millones sin acceso al agua, 65 millones sin acceso a saneamiento [6]; un déficit de viviendas de 52 millones ; en una heterogeneidad de condiciones de pobreza; y de vulnerabilidad como el caso de mujeres jefas de familias, minorías étnicas, afro-descendientes, personas afectadas con SIDA y VIH,  jóvenes, niños, niñas [7]; y otros millones de personas sumándose a estas condiciones en las próximas cuatro décadas [8]; nos  parece importante establecer los referentes que sustentan las políticas públicas de inversión en vivienda; sus valores, principios, e intereses.

Aún con evidencias de una relación directa entre la calidad del hábitat, y  de la vivienda con los índices de morbilidad, mortalidad, y rendimiento escolar; y estudios indican que el control y el acceso a la vivienda puede ser una de las formas de manifestación de la violencia contra las mujeres [9]; el sector vivienda tiene una presencia muy limitada en el presupuesto público de los paises de la región; se destina menos del 1% del PBI [10],  lo que significó US $26,000 millones anualmente entre el 2004-2005 [11] (10% de la inversión requerida para atender el déficit cualitativo actual); con las características adicionales que en la mayoría de países este se ejecuta a través de sus gobiernos centrales.

La red Hábitat para la Humanidad America Latina y Caribe considera importante aportar a un diálogo transparente, y procesos participativos en políticas públicas; prioriza la acción colectiva con hombres y mujeres como sujetos de derechos, y responsabilidades, una sociedad civil fortalecida, voluntarios, agentes privados, y gobiernos en sus diferentes niveles; y promueve la transformación de sistemas, políticas y prácticas, a fin de garantizar el acceso al suelo, viviendas adecuadas, mecanismos y fuentes de financiamiento suficientes, sostenibles, con equidad; y el derecho a la ciudad.

Construyendo Derechos para la Humanidad, convoca al intercambio, y a la  reflexión para la acción y la innovación en políticas públicas.

Washington DC, Diciembre 2010

[1] UN Habitat 2006
[2] Mrs. Anna Tibaijuka, Discurso de cierre del Foro Urbano Mundial 2010
[3] Asociación Brasilera de Cementos Portland, ASHOKA, HPH Brazil, y cerca de 30 organizaciones privadas financieras y de la construcción, ONGs, gobierno, etc.
[4] 10% de la población más rica en la región recibe el 48% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre recibe solo el 1.6%; con una escasa evolución en el tiempo; DFID, 2008
[5] Un tercio de la población urbana de la región, UN-HABITAT, 2004
[6] idem
[7] Centro Cooperativo Sueco, Injusticia en América Latina http://www.sccportal.org
[8] Noticias NNUU Peru
[9] “El derecho a una vivienda adecuada como elemento esencial de una vida libre de violencia doméstica, Los casos de Argentina, Brasil y Colombia” COHRE 2010
[10]4.7% del PBI es destinado al sector educación; 4.5 a seguridad social; 3% a salud. CEPAL 2010.
[11] Paul Maquet, Alianza Internacional de Habitantes 2010

Boletín de Promoción Defensa e Incidencia Nº2

En esta edición hacemos un primer acercamiento a políticas públicas de financiamiento para la vivienda en algunos paises de la región, y a los referentes en que se sustentan para el beneficio de los sectores más vulnerables. Para ello, autoridades de gobierno, profesionales, y redes de la sociedad civil contribuyen desde sus perspectivas y experiencias.

Patricia Poblete Bennett, quien fuera Ministra de Vivienda y Urbanismo de Chile durante los cuatro años de la gestión de Michelle Bachelet, nos señala que la nueva política implementada respondía  a una trilogía de desafíos: cantidad, calidad, e integración;  ello implicó la decisión de adicionar al presupuesto habitual, más de dos mil millones de dólares para los cuatro años de gobierno, constituyéndose en la mayor inversión social en materia de vivienda y barrio, en la historia de Chile.

David Ramos Lopez, Vice Ministro de Vivienda y Urbanismo del Perú nos refiere el rol fundamental del sector en generar y promover la construcción, financiamiento y adquisición de viviendas a través de mecanismos legales y sobre todo, a través del subsidio a la demanda que ha sido fundamental para activar a los agentes y promotores privados.

Desde la sociedad civil, Paul Maquet Makedonsky miembro de la Alianza Internacional de Habitantes – AIH nos comparte  conclusiones del proceso de reflexión colectiva llevado a cabo en el seno de la AIH entre el 2007y el 2010,  identifica las necesidades de financiamiento, para cubrir los déficit de vivienda en la región y concluye con recomendaciones para una estrategia de intervención como base para una discusión amplia.

Martha Arébalo, Coordinadora del Centro Cooperativo Sueco en Bolivia analiza las debilidades institucionales, financieras, y de información del Programa de Vivienda Social en Bolivia, que se promueve en el marco del “Vivir Bien”, uno de los principios éticos morales y constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia. Señala el desafío que significa evidenciar la atención a la pluralidad, y los derechos de los grupos vulnerables que propugna  el PVS, y a la necesidad de instrumentar medidas afirmativas que acorten las brechas de género, generación y grupo social y étnico.

Demóstenes Moraes, Director Nacional de Habitat para la Humanidad Brasil,  hace una revisión de los avances de los sistemas y políticas de desarrollo urbano y de vivienda en Brazil, con énfasis en el Programa “Mi Casa, Mi Vida” – MCMV y formula desafíos que implican, para el nuevo gobierno de Dilma Rousseff, la implementación de la segunda etapa del MCMV.

Maria Elena Acosta profesional de larga experiencia en políticas públicas y socióloga de Ecuador nos presenta de manera sintética el camino recorrido en la producción de políticas públicas en el sector vivienda en Ecuador, y la inversión de recursos públicos, ubicando elementos centrales para reflexión.

Mario Rivera de Habitat para la Humanidad Mexico,  ilustra el comportamiento del ejercicio presupuestal 2010 de los programas de Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO); en el marco de las erogaciones presupuestales destinadas a la atención de las necesidades específicas de vivienda de las mujeres jefas de familia.

Se presenta una breve referencia a las nuevas políticas de vivienda propuestas por los electos gobiernos de Chile y  Costa Rica. Compartimos dos pronunciamientos públicos realizados por HPH Argentina y Honduras respecto a la problemática de alquileres en Buenos Aires; y el derecho a la ciudad en San Pedro de Sula, Honduras. Finalmente, una breve referencia que hace el especialista Rubén Sepulveda respecto a una reciente Publicación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile.

Boletín de Promoción Defensa e Incidencia Nº2

Por Patricia Poblete Bennett, Ministra de Vivienda y Urbanismo 2006-2010, República de Chile.

¿Cuáles fueron los pilares fundamentales de la política del sector habitacional del Estado Chileno; y como  influyeron en la toma de decisiones públicas en el objetivo de atender a la población más vulnerable de Chile? Patricia Poblete ex ministra y consultora experta en el tema habitacional nos comparte su experiencia.

La nueva política Habitacional de Mejoramiento de la Calidad e Integración Social, que hoy día existe en Chile, recoge los grandes objetivos del gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet: garantiza la protección social, asegura el desarrollo con equidad, se sustenta en un nuevo trato ciudadano, y todo ello en la perspectiva de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Se trata de una política  de “última  generación”, inscrita en el desarrollo  histórico  de la vivienda social de Chile, que tiene hoy  la mitad del déficit habitacional que teníamos cuando recuperamos la democracia en 1990. Esta nueva política responde simultáneamente a una trilogía de desafíos: cantidad, para terminar el déficit; calidad de viviendas y barrios, e integración en barrios y ciudades.

Como toda política de vivienda social descansa en tres pilares fundamentales. El pilar de la responsabilidad, el ahorro de las familias y la responsabilidad con que sirven sus deudas habitacionales, no como sujetos de caridad, sino como partícipes de su propio progreso. El pilar de la solidaridad, donde los que tienen más aportan hacia los que tienen menos, y donde el Estado se hace cargo de las necesidades de los más vulnerables. Y por último el pilar de la asociatividad, resultado del esfuerzo conjunto de la ciudadanía comprometida, y la acción mancomunada tanto de los agente s públicos como privados.

Dos aspectos claves de esta política son el aumento de los recursos que el Estado destinó a las viviendas sociales, y la decisión de que dichos recursos, se asociasen, obligatoriamente, a una mayor calidad de las viviendas. No nos interesa cualquier solución de vivienda dijimos, nos interesa aquella que tenga mayor calidad –en metros construidos, en habitabilidad y en materialidad- y que tenga sentido de barrio, es decir que sea capaz de favorecer la integración social efectiva, que nos merecemos todos los chilenos.

Hoy existe un enorme consenso  nacional sobre la necesidad de revertir la segregación social y terminar con la marginalidad y los bolsones de pobreza. Por eso, a la Nueva Política de Vivienda se le adicionó a su presupuesto habitual, más de dos mil millones de dólares para los cuatro años de gobierno de la Presidenta Bachelet, constituyéndose en la mayor inversión social en materia de vivienda y barrio, que haya tenido la historia de Chile, con una gran rentabilidad social que hoy día recoge sus primeros frutos.  Ello permitió asegurar  barrios de calidad, con áreas verdes, equipamiento comunitario, permitiendo que esas viviendas, fueran el mayor patrimonio de las familias más vulnerables. 

¿Cuáles han sido los resultados más visibles de esta política pública, aún más allá de lo específico de viviendas y barrios?  Primero tener barrios más seguros,  porque mejorar la vida de barrio,  es otra forma de enfrentar el tema de la seguridad. Vecinos que se organizan, que se conocen, que progresan en conjunto, que cuidan su equipamiento y mejoran sus calles, sus plazas y áreas verdes, son la mejor defensa para enfrentar la inseguridad. Son esos vecinos organizados y responsables los que se apropian de los espacios públicos y se defienden de la drogadicción y la delincuencia.

Segundo, bajaron los índices de deserción escolar y aumentó el rendimiento académico, al mejorar la calidad del lugar donde los niños hacen sus tareas, donde padres y madres se juntan para ayudar a sus hijos a salir adelante con sus deberes escolares. Finalmente, aumentó la cantidad de jefes y jefas de hogar, con empleos más estables, porque su barrio ya no tenía estigmas, que antes eran un impedimento para postular a un trabajo. Por cierto ahora habrá que comprobar empíricamente, esta realidad que los vecinos aseguran tener.

Todo ello se logró con una serie de medidas, entre otras, la creación de  nuevos subsidios, uno de ellos de localización, un poderoso instrumento, que  bonifica  los proyectos ubicados en mejores áreas urbanas, que por su valor de suelo, excluían a los más pobres.  Este subsidio fomenta la radicación de las familias en sus comunas de  origen y ayuda a la integración social.

Estos énfasis y otros corresponden a una noción más madura de vivienda social de calidad y socialmente integrada. En el gobierno de la Presidenta Bachelet trabajamos fuertemente con los municipios, la comunidad académica y profesional, para convencer a la ciudadanía, que la integración social no es una amenaza,  sino una oportunidad, que no  sólo se resuelve incorporando a los sectores más vulnerables a barrios socialmente integrados; sino también, se consigue abriendo oportunidades para que estratos sociales más altos renueven barrios hoy pobres y deteriorados.

Siempre he afirmado que una buena política de vivienda no se reduce a regulaciones y financiamientos: requiere de la concertación de todos, para ser un proyecto nacional.  Por eso, esta política pública, supone fuertes confianzas no sólo hacia los operadores privados que diseñan, construyen, financian y acompañan a las organizaciones y a las familias.  Sino a su vez, hace un voto de confianza en las familias vulnerables, en su responsabilidad y su capacidad de ahorro,  donde la mujer chilena juega un papel esencial: ocho de cada diez postulantes a vivienda social en estos años, tiene como titular o propietaria a una mujer.  Seis de ellas son además jefas de hogar, un ejemplo extraordinariamente valioso de trabajo y esfuerzo que tenemos en Chile.

Siempre he sostenido que la segregación física y social atenta contra la paz social, contra nuestra democracia y contra los logros económicos alcanzados en estas últimas décadas. Se trata de una tarea que afecta a toda la sociedad y que desde hace un tiempo, se ha convertido en una interpelación ética, que pone a prueba nuestra concepción de sociedad.

Si queremos construir países más desarrollados, sólo será posible si tenemos crecimiento económico con cohesión social. Parafraseando a Rosseau, podemos decir que sin contacto social, no hay contrato social.

Foto: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile

Boletín de Promoción Defensa e Incidencia Nº2

Por Arq. David Alfonso Ramos López, Vice Ministro de Vivienda y Urbanismo, Ministerio e Vivienda Construcción y Saneamiento, República de Perú.

¿Qué alcances presenta la política pública peruana para atender el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda para los sectores más vulnerables; cuál ha sido el proceso de decisiones para la asignación de recursos para vivienda social; la contribución de la sociedad civil, y  los desafíos a futuro?

El Perú en los últimos años, viene mostrando cifras e indicadores que nos hace pensar que las políticas públicas desarrolladas, no solo se vienen implementando y ejecutando con responsabilidad y seriedad, sino como una muestra clara de crecimiento sostenido producto de un gran cambio que se percibe en la mejora de la calidad de vida de mucha población.

En este contexto, los programas sociales diseñados y que hoy vienen ejecutándose como parte fundamental de la política económica y social, nos permiten visionar un escenario positivo en los próximos años, con la convicción de que en el mediano plazo, alcancemos no solo el reconocimiento internacional por este esfuerzo como ya viene sucediendo, sino que los beneficios puedan ser “vividos” y “experimentados” por todos los estratos internos de la población, sobretodo, aquella que por mucho tiempo fue desatendida y que hoy, no obstante la mejoría alcanzada, aun persiste con una gran cantidad de demandas.

Una de las actividades económicas que más ha crecido en los últimos años y que cuyo aporte ha sido significativo en el Producto Bruto Interno Global en el Perú, es el indicador de crecimiento de la construcción, que si bien es un reflejo de la gran cantidad de proyectos importantes y obras civiles que se vienen ejecutando, también se justifica entre otros, a través  del incremento exponencial en la construcción de viviendas y de programas habitacionales, en los que el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a tenido un rol fundamental que no ha sido otro que el de generar y promover la construcción, financiamiento y adquisición de las mismas a través de mecanismos legales y sobretodo, a través del subsidio a la demanda que ha sido fundamental para activar los agentes y promotores privados que hoy son protagonistas en todo este proceso.

Como parte de esto último, y en lo referido a  la atención del déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda para los sectores más vulnerables, el desarrollo y la consolidación de la política referida a los bonos habitacionales, ha implicado un incremento considerable de viviendas de interés social, comparado a años anteriores, dentro por supuesto, de las limitaciones y asignaciones presupuestales.

Promover la producción habitacional de bajo costo y óptima calidad, tanto en el área urbana como en la rural para la población de bajos recursos económicos; estimular la producción de soluciones habitacionales de calidad que contempla todas las modalidades de dotar de vivienda a la población: adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda; la actualización y difusión del marco normativo, técnico y administrativo (licencias) relacionado con las edificaciones, con la finalidad de incentivar la inversión inmobiliaria y garantizar la seguridad de lo construido; asegurar la permanente adhesión de los agentes que participan en la producción habitacional, así como de la población en general a los fines y objetivos de la política habitacional, son todos parte de los componentes que han ayudado en el cumplimiento de estas metas.

El proceso de decisiones para la asignación de recursos públicos para vivienda social, hoy pasa por dos procesos: 1) la formulación del presupuesto en el Ministerio de Vivienda, en base al déficit habitacional existente, considerando además que los recursos destinados para la atención de vivienda, significan una inversión tanto desde el punto social y económico, por el bienestar de las familias al mejorarles la calidad de vida, por el lado económico se traduce en generación de empleo, inyección de recursos al total de la economía; y  2) la que corresponde a la asignación de recursos públicos a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, que guarda relación con la disponibilidad de recursos que debe distribuir entre todos los sectores.

Es importante mencionar que como parte fundamental para el éxito de los programas sociales de vivienda, es el haber realizado esfuerzos por establecer mecanismos y procedimientos que permitan una clara asignación de recursos públicos a través de  la transparencia en el otorgamiento de los subsidios estatales, la estabilidad y racionalidad del marco técnico-administrativo, la seguridad jurídica de los derechos de propiedad, la focalización de las familias beneficiarias, la distribución del subsidio a nivel nacional y la permanente actualización y perfeccionamiento de los procesos normativos en la medida que crecía tanto el presupuesto como la atención de beneficiarios.

Queda pendiente y en permanente debate lo que consideramos desde el Ministerio como tarea por ser atendida, el esfuerzo que venimos haciendo para que el subsidio a la demanda de adquisición de viviendas pueda ser considerado no como “gasto” para el Presupuesto Público sino como una inversión, toda vez que genera puestos de trabajos directos e indirectos, genera una dinámica virtuosa en el aspecto económico y financiero y se logra además solucionar muchas necesidades y carencias familiares, lo cual contribuye al desarrollo humano y al crecimiento del país. El subsidio para una vivienda implica además no sólo la atención al déficit a la demanda de vivienda, sino que además comprende la atención a necesidades tales como, salud, educación, entre otros, otorgando bienestar y seguridad a los miembros de las familias beneficiarias, reduciendo la pobreza significativamente, en una especie de ahorro a mediano y a largo plazo por parte del Estado.

El mayor desafío para el país y para los países de la región en términos de financiamiento público de viviendas, pasa por consolidar  una política de vivienda sostenible en base a la asignación presupuestal multianual permanente de los Gobiernos Nacionales para garantizar el desarrollo de los programas de subsidio directo habitacional que permitan el afianzamiento del mercado de vivienda de interés social, reducción del déficit habitacional en menor tiempo y fomentar el empleo y disminución de la pobreza. Asimismo por establecer mecanismos financieros que permitan generar fondos revolventes que hagan posible la sostenibilidad de los recursos en el tiempo.

La articulación armoniosa con la sociedad civil se logrará no solo a través de los demandantes beneficiarios, sino sobretodo con la participación de los privados  alrededor de un enfoque de mercado, propiciando la incorporación de los agentes económicos y sociales a integrase a la cadena de producción de viviendas que permitan que un mayor número de  familias demandantes de vivienda puedan beneficiarse. La producción de viviendas requiere de la concurrencia eficiente de los profesionales, los constructores y promotores, las entidades financieras, los agentes inmobiliarios,  los colegios profesionales, las universidades, todos en alianza con las autoridades nacionales, locales y regionales.

El derecho a una vivienda adecuada en una ciudad armoniosa y eficiente, no debe ser una utopía con un objetivo inalcanzable, sino mas bien el norte más difícil pero más gratificante por el que debemos continuar. Hoy se ha logrado avanzar significativamente en Vivienda y se han cimentado las bases de una política de gobierno. El reto es consolidarla y elevarla como una Política de Estado, que permita cumplir los objetivos mayores y que trascienda a las gestiones de muchos gobiernos.

 

Boletín de Promoción Defensa e Incidencia Nº2

CHILE, recientemente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha presentado su propuesta “Modificaciones a la Política Habitacional”.  La Red Observatorio de Vivienda y Ciudad organizó el Taller “Modificaciones a la Política de Vivienda ¿Una nueva Política Habitacional?” En dicho taller se comprende que se trata de la profundización de un modelo donde el Estado cumple un rol de facilitar la acción del mercado para dar respuesta a la problemática de la vivienda. Se concuerda que había deficiencias en la política habitacional vigente.

Se concluye que la propuesta constituye un gran retroceso, en tanto el sistema propone subsidios adicionales a mayor ahorro de las familias lo que terminaría marginando a los más pobres; el subsidio de localización -conquista del movimiento de pobladores-  es eliminado lo que  terminará incentivando la construcción masiva de viviendas en los peores y más lejanos terrenos; que la atomización de la demanda propuesta, afectará a la organización comunitaria, la perspectiva de integración urbana y social, la capacidad de información e interlocución de las familias frente al sector privado,  lo cual se ve afianzado con la organización colectiva de la demanda.

El Taller fue propuesto también para avanzar hacia la construcción social de políticas urbanas y habitacionales en Chile, sustentadas en un enfoque de derechos humanos. 

http://www.uchile.cl/?_nfpb=true&_pageLabel=not&url=67978

Boletín de Promoción Defensa e Incidencia Nº2

COSTA RICA, en Octubre 2010 la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos del gobierno Costarricense, presentó laPolítica y Plan Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos” 2010-2025. En su diagnóstico identifica: ausencia de una política para capacitar a los ciudadanos en la convivencia en su barrio o en su comunidad. Urbanización fragmentada y excluyente, sin soporte de políticas de ordenamiento territorial, y con alto impacto ambiental, social y económico. Gobiernos locales, que otorgan permisos de construcción en zonas de riesgos. 357 asentamientos humanos calificados como precarios, con aproximadamente 4000 familias. Espacios públicos insuficientes y en mal estado. Deficiencias en el acceso a servicios básicos de salud, educación, recreación, transporte público.

Déficit cuantitativo de 22,600 unidades de vivienda; el cualitativo de 164,500 viviendas;  378,668 unidades de viviendas que requieren reparación de uno o dos componentes. En los próximos 10 años se necesitará  atender una demanda de vivienda para 6000 nuevas familias por año. Falta de políticas para la atención de la vivienda de estratos medios. Del 2004 al 2008 la inversión en vivienda fue 10% del total de la inversión social.

Se proponen ocho principios orientadores de la política: derechos humanos, inclusión y respeto por la diversidad, transparencia, participación social, solidaridad, integralidad, universalidad, y desarrollo sostenible. 

Los objetivos y la operatividad del plan se plantean en cuatro ejes: i) socio-cultural, atender necesidades de diferentes grupos poblacionales; mejoramiento barrial con enfoque integrador;  ii) físico-ambiental, la renovación urbana es un tema prioritario, con un rol clave de los gobiernos locales; ley para la planificación urbana; iii) económico-financiero,  se proponen los fondos de inversión inmobiliarios; titularización de carteras hipotecarias, fideicomisos como herramientas para atender a los diferentes estratos socios económicos del país, y para potenciar los Bonos, Proyectos para Familias en Extrema Necesidad, y  Programas para Clase Media; subsidio a la oferta de tasas de interés o garantía a créditos para su aplicación en casos de desastre; articular recursos internacionales y nacionales para la inversión en infraestructura y vivienda; iv) político-administrativo, mejorar la coordinación interinstitucional pública, la gestión y tramitología del sistema financiero; crear bases de datos y un sistema de prioridades para la  inversión en vivienda, simplificación de trámites para la construcción.

Boletín de Promoción Defensa e Incidencia Nº2

Por Paul Maquet Makedonski, Alianza Internacional de Habitantes – AIH.

Uno  de los problemas sociales  más agudos en América Latina y el Caribe es el problema de la tierra y  la vivienda, que reviste hoy nuevas características que deben ser tomadas en cuenta al momento de analizar las posibles soluciones.

Entre el 2007 y  el 2010, la AIH desarrolla un proceso de reflexión colectiva sobre la ciudad y la vivienda en la región AL/C, se realiza un análisis general de las políticas de vivienda en Perú y República Dominicana; se proponen lineamientos para implementar Fondos Populares de Suelo y Vivienda (en dichos paises); y se inicia un proceso de discusión amplia. Este artículo presenta una síntesis de estos avances.

Principios orientadores de políticas públicas de tierra y vivienda:

  • Naturaleza pluri – dimensional de la vivienda, que implica entender  la complejidad que encierra su solución, pero también las oportunidades que  ofrece para avanzar en esta dirección, lo que a veces no merece la debida atención del sector público.  No existe  una sino diversas vías para afrontar con éxito el problema.  Por ello se debe ser flexible en el análisis; la vivienda no es sólo y exclusivamente como un bien de cambio, constituye también una inversión indispensable para el desarrollo de una nación.
  • La vivienda,  un derecho humano que  todos los seres humanos requieren; un lugar donde desarrollarse con su familia, que les brinde abrigo, seguridad, que sea saludable, que les de pertenencia.
  • La vivienda, un problema diverso, en el caso peruano el Comité de Campaña por una Vivienda Digna ha diseñado una tipología para graficar esta situación: Viviendas asentadas en zonas de riesgo; poblaciones afectadas por la minería; barrios en peligro de desalojo debido a la ejecución de grandes proyectos viales o de equipamiento; viviendas tugurizadas; vivienda rural; localizaciones asentadas o reasentadas en los extramuros de la ciudad. Cada una requiere una atención particular. La esfera de lo local y de lo regional cumple un papel fundamental por el conocimiento concreto de la realidad y la posibilidad de  una gestión apropiada en la solución a  tales situaciones.
  • La  importancia de la producción social del hábitat, como dinámica real de construcción de la ciudad latinoamericana que se asienta básicamente en la construcción paso a paso en diversas modalidades y métodos, que encierran procesos productivos que movilizan importantes recursos económicos y que involucran a pobladores, sus familias, sus ahorros y su entorno.
  • Necesidad de políticas públicas centradas en el interés de la gente, es esencial  diseñar  instrumentos que permitan  atacar la mala calidad de la vivienda, proponiendo soluciones que tengan como objetivo consolidar las agrupaciones de comunidades de habitantes vinculadas por principios compartidos y un proyecto común de vivienda y diseño urbano. Las herramientas técnicas a poner en marcha deben  partir de la consideración de que la  vivienda es un derecho y que los habitantes son los constructores de las ciudades.

Cinco líneas prioritarias y de enfoque de las Políticas Alternativas  y el Fondo de la Tierra y la Vivienda:

  1. Déficit cualitativo, implica trabajar sobre un número significativo de viviendas ya asentadas que deben ser construidas o reconstruidas y/ o consolidadas prácticamente desde sus cimientos, comprendiendo acciones de regularización de la propiedad, habilitación urbana, mejoramiento barrial y desarrollo de procesos de construcción progresiva.  Contempla también la necesidad de levantar viviendas nuevas que carecen de suelo para el déficit cuantitativo real.
  2. Déficit cuantitativo, implica planificar las necesidades proyectadas de crecimiento anual en cada territorio, lo que  implica  contar con  una reserva de suelo y poner en marcha de un sistema constructivo local adecuado. Se debe prever el proceso de urbanización previo a la ocupación en magnitud y a costos que permitan constituirse en una alternativa real a las ocupaciones informales de terrenos no habilitados. Esto incluye cubrir el déficit cuantitativo acumulado.
  3. Renovación, remodelación urbanas de las viviendas localizadas en el casco antiguo de muchas ciudades de AL/C, con alto grado de hacinamiento, tugurización, y vulnerabilidad, debido a su antigüedad y  falta de mantenimiento, exponiendo la vida y la salud de sus habitantes.Cada país debe contar con un plan de prevención que considere la relocalización de viviendas cuando ello sea absolutamente necesario.
  4. Viviendas en riesgo, a fin de prever pérdidas humanas y económicas como producto de eventos naturales o antrópicos algunas  viviendas  deberán ser  relocalizadas a zonas seguras en  terrenos adecuados, en el mejor de los casos al interior de la misma localidad de origen.
  5. Vivienda rural, que permanece en una situación precaria expuesta a los eventos de la naturaleza que se agudizan día a día como producto del cambio climático.

Estrategia para una propuesta de financiamiento con recursos públicos para tierra y vivienda en AL/C:

Contextualizar el problema de la vivienda,  puesto que la realidad en cada país varía, a veces significativamente.

Apoyar las iniciativas en curso
, y crear las  condiciones favorables para que estas iniciativas tengan el éxito esperado. Existen  importantes experiencias que encierran un amplio bagaje de conocimientos, que han demostrado su  viabilidad, y deben ser tomadas en cuenta.

Territorializar las soluciones, siendo el problema de la vivienda diverso, debe ser abordado  de acuerdo a la realidad concreta de cada localidad. Cada unidad administrativa local debe contar con un plan municipal de vivienda que contemple, entre otros aspectos, la mejora de las viviendas asentadas en malas condiciones, el déficit cuantitativo y la demanda anual proyectada, las necesidades de reubicación de familias en riesgo, el mejoramiento urbanístico del barrio y la legalización de la propiedad cuando ello sea necesario. Esta labor requiere de instrumentos municipales como: un banco de tierras que evite la especulación con el precio del suelo urbano; una legislación para procesos de planificación y desarrollo urbano distrital; equipos de apoyo técnico, urbanístico y legal que asesore a la población sobre el terreno; fondo  económico que permita llevar a cabo adecuadamente esta tarea. 

Priorizar las áreas de pobreza urbana: delimitarlas a partir de indicadores adecuados,  identificar los problemas de vivienda; identificar las oportunidades de programas  proyectos  e inversión para el mejoramiento del hábitat y la vivienda, haciendo dialogar estos planes locales de vivienda con los programas generales de desarrollo social.
Dar sostenibilidad a los programas: a) implementar los programas anuales de vivienda que impidan que el déficit se acumule; b) avanzar en la perspectiva de superar la pobreza y la inequidad en la distribución del ingreso; c) otorgar a los programas un sostén institucional permanente.

Garantizar los recursos necesarios: Redefinir en los presupuestos estatales la distribución sectorial como el importe al servicio de deuda externa (Canje de Deuda) y compra de armamento; precisar los montos requeridos para responder al déficit (ver Anexo abajo). Todos estos recursos deben  concentrarse en Fondos  Intangibles para Tierra y Vivienda Popular,  que serán reasignados a cada localidad  vía gobiernos locales, en función de sus necesidades específicas, expresadas en los “Planes de Acción Local”. Considerar la utilización de otros recursos como las remesas del exterior. Beneficiar  -por ejemplo- con concesiones de suelos, exenciones fiscales, a las cooperativas de propiedad colectiva que ofrecen el servicio de vivienda como cimiento para construir las comunidades de los habitantes. Contabilizar la auto-construcción para efectos de pensión.

Implementar los planes de acción local  para garantizar el hábitat saludable y la vivienda adecuada en las localidades y ciudades, proyectándose en el tiempo a fin de prever las situaciones futuras y planificar su atención prioritaria Por su naturaleza son planes participativos y concertados que involucran en su diseño y ejecución al conjunto de las fuerzas vivas de la localidad, a los sectores público (local, regional y nacional), privado y comunal.

ANEXO: Demanda Real y Recursos Necesarios

 

Línea Prioritaria Déficit Cualitativo: Partiendo de un déficit regional de 52 millones de viviendas; el déficit cuantitativo que se acumula año a año en nuestra región pasa a incrementar rápidamente el déficit cualitativo de vivienda. De allí que en realidad sólo una proporción relativamente pequeña de la población es efectivamente “sin techo”. De acuerdo al estudio de AIH, por lo menos un 70 % del déficit acumulado es déficit cualitativo, estamos hablando de unas 36.4 millones de viviendas. Afrontar esta situación de acuerdo con los costos explorados por AIH, asumiendo que un 60 % (21.840 millones) son viviendas más o menos consolidadas que requieren una cifra referencial de 5 mil dólares, para financiar su mejoramiento; y que 40% (14.600 millones) de las viviendas están en una fase inicial que requieren mayor financiamiento, referencialmente 10 mil dólares; y que todas las viviendas tienen posesión efectiva del terreno; la inversión total requerida para atender la población que corresponde al déficit cualitativo equivaldría a unos US$ 255 mil millones (ver cuadro Nº 1).

Cuadro Nº 1:
Inversión requerida por mes y por familia para mejorar sus condiciones de vivienda
Fuente: Elaboración propia

Hipótesis de Subsidio: ensayando una primera hipótesis de subsidio -para el caso del déficit cualitativo- del orden del 40%, estaríamos hablando de un requerimiento anual de subsidio de US$2,730 millones al año durante 20 años. En ese caso, cada familia pagaría US$12.6 al mes durante 20 años. Del mismo modo para el caso b) si propusiéramos un subsidio del 60% se tendría un requerimiento anual de subsidio de US$4,380 millones al año durante 20 años. En este otro caso, cada familia pagaría US$16.8 al mes durante 20 años. Ambos componentes supondrían un subsidio del orden de los siete mil millones de dólares anuales por 20 años (ver cuadro Nº 2).

Cuadro Nº 2: Financiamiento incluye subsidio y aporte de cada familia
Fuente: Elaboración propia


Línea Prioritaria Déficit Cuantitativo, que incluye las demandas proyectadas de vivienda y suelo por el crecimiento anual en cada territorio; y el déficit cuantitativoacumulado. El costo de construcción del déficit cuantitativo acumulado equivalente a  15.60 millones de viviendas a un costo de US$11,500 (costo unitario vivienda + suelo) requiere una inversión de 179,400.00 millones de US$. A este monto hay que agregarle el costo de la construcción de 1.5 millones de unidades anuales que hoy no están siendo consideradas por los programas de vivienda, considerando US$11,500 por solución habitacional estamos hablando de unos 17,250.00 millones de US$ por año. Es decir, a razón de US$48/mes/ familia durante 20 años (cuadro Nº 3).

Cuadro Nº 3: Financiamiento para atender el déficit cuantitativo acumulado y el nuevo déficit por año
Fuente: Elaboración propia

Línea Prioritaria Renovación y Remodelación Urbana, este escenario supone por lo menos un 15% del monto del déficit Cuantitativo esto es US$26 millones al año.

Línea Prioritaria Vivienda de riesgo, se trata de una solución de emergencia para las familias que se encuentran en riesgo inminente se le asigna una cantidad inicial similar a la anterior, les decir US $26 millones al año componente.

Línea Prioritaria Vivienda rural, prácticamente no existen estudios sobre vivienda rural. Es preciso emprender esta tarea toda vez que si bien en cifras relativas las familias que viven en poblados pequeños son una minoría en la región, en términos cuantitativos las cifras son significativas tanto en número de viviendas como en número de viviendas en situación de vulnerabilidad frente a los eventos naturales.

Boletín de Promoción Defensa e Incidencia Nº2

Por Martha Arébalo, Ph.D en Diseño con especialidad en Estudios Urbanos, Universidad Autónoma Metropolitana de México, Sede Azcapotzalco, Coordinadora Centro Cooperativo Sueco.

El discurso oficial en Bolivia afirma que el Programa de Vivienda Social y Solidaria, marca el punto de inflexión entre un Estado que dejó la atención de la Vivienda a la iniciativa privada y desarticuló la institucionalidad del Sector; y un nuevo Estado, que asume plenamente su obligación social, especialmente con los sectores más pobres.

Bajo la consigna “por el derecho humano a la vivienda, juntos construyamos un lugar donde vivir bien”, el Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Estado Plurinacional de Bolivia afirma haber entregado, a enero del 2010, un total de 11.354 viviendas con una inversión de Bs. 205.569.198 (US $29.158.750). Asimismo, da cuenta que estas acciones se desarrollaron dentro del marco del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), creado el 12 de Julio del 2006 con el objetivo de atender las necesidades habitacionales de los sectores de población de menores ingresos, bajo un carácter solidario y equitativo, que incorpora a grupos urbanos y rurales de todo el País. Sus recursos provienen de los aportes del 2% patronal público y privado y una contraparte de los sectores atendidos que alcanza como máximo al 30% del costo total de la vivienda (Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Memoria Institucional, 2009).   

Se reconocen dos etapas en la  implementación del Programa de Vivienda Social y Solidaria, la primera del 2006 al 2009, y la segunda del 2009 al 2010, se informa que se entregaron 13.412 viviendas nuevas con una ejecución presupuestaria de Bs. 811. 239.672 (US$115.069.45) y la generación de 106.124 empleos. 

Ambas fases centran su accionar en cinco subprogramas, orientados a atender tanto el déficit cualitativo como el cuantitativo. Sus características son distintas y puede afirmarse, que plantean dar cobertura de manera diferenciada tanto a los sectores más vulnerables de la población boliviana, como aquellos con ingresos bajos y medios bajos.

Observando los resultados por programa, algunos muestran un funcionamiento mínimo y al mostrar sus logros se informa sobre la cantidad de viviendas nuevas, las mejoradas y los empleos logrados. En ningún momento se presentan resultados específicamente relacionados con las orientaciones distintas de cada subprograma.
 
Bolivia: Google imagesLa misma fuente informa la existencia en el país, de un déficit cuantitativo aproximado a las 300.000 viviendas y un cualitativo de cerca de un millón de viviendas, de las cuales el 67% se ubica en el área urbana y el 37% en el área rural. Estos datos, poco consistentes e incompletos no visualizan claramente la problemática, aún dentro de sus características de información cuantitativa. Sin querer establecer relaciones lineales entre el déficit y el número de unidades habitacionales producidas. Es observable que difícilmente cualquier programa de vivienda va a poder remontar esta situación, mucho más aún si sus orientaciones plantean aspectos discursivos que en los  hechos no se concretan, no sólo en resultados sino en procedimientos, formas de operar, y relaciones sinérgicas con otros procesos ligados a las transformaciones que vive el País.

Aún cuando la información presentada transparenta sucesivos ajustes del PVS, no da cuenta de la fragilidad del Vice Ministerio y su accionar errático, fácilmente demostrable a partir de un dato conocido, hasta el momento, durante las dos gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma (2006-2010), el país ha visto pasar 9 Viceministros del sector, aspecto que muestra las dificultades del Gobierno en la temática. Para los bolivianos y bolivianas que apostamos por el proceso de cambio que vive Bolivia y conocemos de la urgente necesidad de una acertada política de vivienda, este accionar y sus resultados no reflejan de ninguna manera las posibilidades de acción que se podían tener considerando el proceso de transformación que está instrumentando el actual gobierno.

Si bien el discurso oficial, recupera los planteamientos de la Nueva Constitución Política del Estado en torno a la vivienda y el hábitat adecuado como un derecho humano y pone en evidencia algunos cambios en la forma de mirar el problema, la información de los resultados y la forma de presentar éstos, no muestra diferencia alguna en relación con lo hecho anteriormente. Datos globales invisibilizan la atención o el abandono a estratos, grupos sociales o grupos étnicos específicos; el impulso o la ausencia de políticas afirmativas que se expresen en resultados diferenciados por género mostrando una mayor cantidad de mujeres, madres solteras o jefas de hogar favorecidas; el número de matrimonios jóvenes que pudieron solucionar su problema de vivienda; o el segmento etario de pertenencia de los grupos atendidos. En verdad, es obvio que estas generalizaciones están orientadas a ocultar la ausencia de acciones específicas destinadas a corregir las brechas de género, generación o grupos sociales vulnerables.

De manera similar no se muestran resultados relacionados con una política de suelos, aspecto fundamental en Bolivia por las dificultades de acceso de los grupos populares al suelo, sobre todo en las capitales de departamento. Tampoco se dan mayores referencias sobre los efectos del uso de tecnologías apropiadas, los logros relativos a las condiciones de habitabilidad alcanzadas por las soluciones entregadas o los efectos en la formación de comunidades activas. Esto deja ver un programa, que en los hechos está prioritariamente dirigido a satisfacer las expectativas de ganancia del sector de la construcción, olvidando nuevamente las condiciones, necesidades y demandas satisfechas o insatisfechas de los grupos populares.

Reconociendo las diferencias interpretativas del “vivir bien”, básicamente éste planteamiento paradigmático implica un cambio en el modelo de desarrollo y el acercamiento a elementos o pilares que sustenten esta transformación. En la problemática de la vivienda y el hábitat, el sistema capitalista  hace del suelo y la vivienda mercancías con un valor de cambio que imposibilita la adecuada realización de su valor de uso. Hasta el momento el Programa tiene consideraciones insuficientes y discursivas sobre este problema y no muestra resultados que den cuenta de acciones bajo formas distintas o alternativas a la propiedad privada del suelo y la vivienda.

Pese al planteamiento recreativo del sentido comunitario y social, no se incluyen posibilidades de propiedad colectiva de la tierra, derecho de uso de la vivienda antes que derecho propietario u otras formas imaginativas de encarar el problema. Es claro que solamente cuando se logre arrancar al suelo y la vivienda para los grupos desposeídos del mercado capitalista, se estará realmente dando curso a un cambio en el modelo de desarrollo, y sentando las bases de “construcción de un lugar para vivir bien”.

Si bien un documento en borrador, al parecer en corrección en el momento, define una Política de Vivienda de mayor coherencia apoyada en la conceptualización del “vivir bien” como “un nuevo concepto de desarrollo que recoge las cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios, fuertemente vinculadas al respeto de la naturaleza y a un modo de realización humana desde una vivencia holística comunitaria (Política General de Vivienda y Hábitat, Vice Ministerio de Vivienda y Hábitat, 2010),  y pone en evidencia la necesidad del enfoque de género, generacional, de ciudadanía, de derechos humanos, intercultural, diferencial, territorial, poblacional y participativo, ecológico, de resolución de conflictos y de gestión de riesgos, sus planteamientos se centran fundamentalmente en el derecho a la integralidad del hábitat en la unidad suelo, vivienda, entorno, servicios y equipamientos sociales y sus aplicación en la práctica no se vislumbra hasta el momento.

Determinaciones más claras que recuperen los acercamientos del Plan Nacional de Desarrollo (Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien, 2006) que entiende el Vivir Bien como el acceso y disfrute de los bienes materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos, son olvidadas. En ese marco, el Vivir Bien de las mujeres, diferente al Vivir Bien de los hombres aún dentro de un mismo grupo social, además de expresarse en el hogar, está también presente en las formas cotidianas en que los géneros viven su hábitat, la ciudad o su asentamiento humano y en una acceso diferenciado a los recursos, los sistemas financieros, la representaciones organizacionales y otros.

Dada nuestra condición de Estado Plurinacional es imprescindible que las acciones muestren la atención a esta pluralidad, al reconocimiento de los derechos de los grupos vulnerables y a la necesidad de instrumentar medidas afirmativas que acorten las brechas de género, generación y grupo social y étnico.

   

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