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Cooperemos por el agua limpia, segura, y su uso racional

Juan Carlos Sapién, Gerente de Proyectos de Soluciones Habitacionales

Maria Luisa Zanelli, Gerente de Incidencia y Alianzas

Departamento de Vivienda y Asentamientos Humanos

Habitat para la Humanidad América Latina y Caribe

 

El 71% de la superficie del planeta es agua, el 2.5% es agua dulce, y sólo el 1% de ésta, es apta para el consumo humano[1]; si esta pequeña cuota que nos brinda el planeta sigue siendo utilizada de manera irracional y descontrolada particularmente en zonas urbanas, el agua podría no lograr una tasa suficiente de renovación frente a la demanda; o podría estar tan contaminada que sería prácticamente inútil. Mientras tanto, el agua de lluvia se desaprovecha casi totalmente en las ciudades, se transforma en aguas grises generadoras de problemas ambientales. Lograr agua limpia, segura, y su uso racional es sin duda uno de los problemas más serios que debemos enfrentar en las próximas décadas[2].

 

En el 2002[3], el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  estableció que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”, y lo define como “el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”. En el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas[4] reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potables  es la meta 7 de los Objetivos del Milenio al 2015. Este marco ha permitido avances en la descentralización, regulación y control de servicios en la región[5].

 

En América Latina, el 21% de las viviendas urbanas latinoamericanas no tienen la infraestructura básica necesaria y un 9%  carece de agua potable[6].  Se estima que el 40% del agua tratada se pierde por un mal funcionamiento de la infraestructura, fugas[7] y usos inadecuados, mientras que las políticas tarifarias no siempre cubren los costes de operación y raramente benefician a los más pobres[8]. Guatemala, Haití, Nicaragua y Bolivia son los países con niveles más críticos de acceso a agua concentrándose de manera significativa en los barrios marginales[9] de las  ciudades.

 

Hábitat para la Humanidad – Región América Latina y Caribe HPH ALC identifica las cadenas de valor de agua y saneamiento en ámbitos locales, se involucra en educación para la vivienda saludable, tecnologías adecuadas, empoderamiento de las mujeres y grupos vulnerables para influir en mejorar la gestión del agua. Ejemplo de cómo HPH ALC está exitosamente involucrándose desde un enfoque comunitario:

 

El proyecto Varjada en Brasil, el acceso al agua fue facilitado a través de tecnologías adecuadas como la captación de agua de lluvia. Involucrando a los líderes comunitarios se identificó que el agua potable fue la mayor necesidad comunitaria. El agua no solo fue significativa para mejorar la calidad de vida, sino también para las mujeres que invertían varias horas cada día recolectando agua desde largas distancias. Una vez que se resolvió el problema del agua, las mujeres empezaron a invertir más tiempo en actividades, como la producción y venta de artesanías, incrementando sus ingresos, mejorando la calidad de sus viviendas,  invirtiendo más en la educación de sus hijos y experimentando un mayor nivel de autoestima. Además, se organizaron en una asociación, por el desarrollo de la comunidad[10].

 

En la comunidad “La Gallina”, Nicaragua  se conforman el comité de agua y saneamiento, y el comité de prevención de desastres; se forman facilitadores comunitarios para el cambio de comportamiento en agua y saneamiento, y en educación financiera; las familias son capacitadas en autoconstrucción, producción de materiales, uso y mantenimiento de la tecnología de inodoro ecológico; se informa sobre ley de Vivienda, y pasos para legalizar la propiedad; la comunidad elabora su plan de riesgos y amenazas; a través de un trabajo en alianza (gobierno nacional y local, ONG, la comunidad, el sector privado, voluntarios, agencias internacionales, y las familias) se optimizan los recursos para invertir en agua y saneamiento; con todo ello se busca expandir el alcance de la intervención en agua, saneamiento e higiene a una transformación más integral de la comunidad[11].

El agua es un factor clave en el desarrollo socio económico, la erradicación de la pobreza, la equidad social, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental.

Los crecientes niveles de urbanización en la región, los efectos del cambio climático, y el impacto que la ausencia del agua limpia tiene en la salud[12] llama a la acción que enfrente de manera urgente  los desafíos que implican mejorar el acceso de individuos y comunidades al agua potable y condiciones de vida higiénicas. A partir de ello, las recomendaciones:

v  Mayor cooperación y participación entre gobiernos, agencias internacionales, organizaciones no-gubernamentales, sector privado, y comunidades; pues el acceso a recursos financieros, capacitación, tecnología, políticas adecuadas son aún barreras que requieren intervención para garantizar el acceso a agua limpia;

v  Incrementar la voluntad política de los gobiernos, la gestión del agua requiere cooperación efectiva entre niveles de gobierno, garantizar el agua como un derecho humano; y el equilibrio entre las  diferentes necesidades y prioridades en la sociedad;

v  Garantizar que el derecho al agua no se limite a ofrecer infraestructuras. Existen desafíos importantes en términos de eficiencia, disponibilidad, calidad, asequibilidad y continuidad. Superarlos requiere la revisión y el perfeccionamiento de los modelos de gobernanza, gestión y financiación;

v  Desarrollar un enfoque territorial, integral , multidisciplinario considerando factores culturales, educativos y científicos en su diferentes dimensiones legales, institucionales y económico, sociales y políticos;

v  Asumir abordajes metodológicos que priorizan el protagonismo comunitario; promueven procesos educativos y de sensibilización en la prácticas concreta (formación en la acción); mejoramiento de las condiciones físicas; reducir las prácticas individuales (o incluso comunitarias) de desperdicio de agua potable; fortalecimiento de capacidad de gestión del servicio; y generación de conocimientos y propuestas para la transformación de las políticas y sistemas que inciden en la problemática.


[2] Para mayor información visitar http://www.revistaciencias.unam.mx

[3] Observación General Nº 15 sobre el Derecho al Agua http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml;

[4] Resolución 64/292,

[5] Estado de las Ciudades en América Latina y Caribe, ONU Habitat 2012 p.79

[6] Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe, BID; p.2

[7] Debido a las fugas en las redes de distribución urbana se pierde hasta un 50%  del líquido, que equivales a 250 a 500 millones de m3 de pérdida de agua potable al año en las megas ciudades; lo que equivaldría a abastecer alrededor de 10 a 20 millones de personas más en cada gran ciudad. http://www.unesco.org/water/news/newsletter/247_es.shtml y en http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/swm_cities_zaragoza_2010/pdf/facts_and_figures_long_final_spa.pdf

[8] ONU HABITAT 2012, p. 80

[10] Para  mayor información sobre esta experiencia, escriba a: dmoraes@habitatbrasil.org.br; o visite: www.habitatbrasil.org.br

[11] Para  mayor información sobre estas experiencias, escriba a: fmatus@habitatnicaragua.org.ni; o  viste:www.habitatnicaragua.org

[12] UNICEF calcula a nivel mundial que más de 400 millones de niños sufren por una falta de acceso seguro a este recurso. La organización mundial cree que la falta de agua potable contribuye anualmente a la muerte de 1.5 millones de niños menores de 5 años, debido a la diarrea.

Boletín de Promoción Defensa e Incidencia Nº2

COSTA RICA, en Octubre 2010 la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos del gobierno Costarricense, presentó laPolítica y Plan Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos” 2010-2025. En su diagnóstico identifica: ausencia de una política para capacitar a los ciudadanos en la convivencia en su barrio o en su comunidad. Urbanización fragmentada y excluyente, sin soporte de políticas de ordenamiento territorial, y con alto impacto ambiental, social y económico. Gobiernos locales, que otorgan permisos de construcción en zonas de riesgos. 357 asentamientos humanos calificados como precarios, con aproximadamente 4000 familias. Espacios públicos insuficientes y en mal estado. Deficiencias en el acceso a servicios básicos de salud, educación, recreación, transporte público.

Déficit cuantitativo de 22,600 unidades de vivienda; el cualitativo de 164,500 viviendas;  378,668 unidades de viviendas que requieren reparación de uno o dos componentes. En los próximos 10 años se necesitará  atender una demanda de vivienda para 6000 nuevas familias por año. Falta de políticas para la atención de la vivienda de estratos medios. Del 2004 al 2008 la inversión en vivienda fue 10% del total de la inversión social.

Se proponen ocho principios orientadores de la política: derechos humanos, inclusión y respeto por la diversidad, transparencia, participación social, solidaridad, integralidad, universalidad, y desarrollo sostenible. 

Los objetivos y la operatividad del plan se plantean en cuatro ejes: i) socio-cultural, atender necesidades de diferentes grupos poblacionales; mejoramiento barrial con enfoque integrador;  ii) físico-ambiental, la renovación urbana es un tema prioritario, con un rol clave de los gobiernos locales; ley para la planificación urbana; iii) económico-financiero,  se proponen los fondos de inversión inmobiliarios; titularización de carteras hipotecarias, fideicomisos como herramientas para atender a los diferentes estratos socios económicos del país, y para potenciar los Bonos, Proyectos para Familias en Extrema Necesidad, y  Programas para Clase Media; subsidio a la oferta de tasas de interés o garantía a créditos para su aplicación en casos de desastre; articular recursos internacionales y nacionales para la inversión en infraestructura y vivienda; iv) político-administrativo, mejorar la coordinación interinstitucional pública, la gestión y tramitología del sistema financiero; crear bases de datos y un sistema de prioridades para la  inversión en vivienda, simplificación de trámites para la construcción.

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