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Publicado en razonpublica.com, 2011, por Alejandro Florián Borbón

Borbón ha trabajado en diferentes aspectos de la producción social de vivienda desde 1982, y actualmente es el director nacional de Hábitat para la Humanidad Colombia.

La vivienda es un derecho constitucional, y sin embargo más del 15 por ciento de los bogotanos no la tienen. La administración de la ciudad ha relegado esta necesidad a renglones secundarios, pero es mucho lo que puede y debe hacerse, tanto respecto del entorno externo que es decisivo para la vivienda como en su mejoría “de puertas para adentro”.

Una política en crisis
La política de vivienda popular o vivienda de “interés social” en Bogotá pasa por una época entre gris y oscura, tanto en lo relativo a su lectura e interpretación, como en cuanto a su eficacia respecto de los cuantiosos recursos presupuestales e institucionales que convergen en la ciudad de forma privilegiada:

  • Subsidios nacionales.
  • Subsidios distritales.
  • Subsidios de las Cajas de Compensación.
  • Todas las entidades financieras públicas y privadas.
  • Todos los gremios del sector y la mayor parte de sus principales actores.
  • Centros universitarios de primer orden.

El mal momento que atraviesa esta política se debe tanto al agotamiento del modelo de intervención sectorial -gobernado por intereses gremiales- como a la incapacidad de gestionar correctamente los instrumentos y recursos con que cuenta la administración de la ciudad. La crisis se ve agrava por la pérdida de confianza que acompaña a los escándalos que han afectado la administración del alcalde Samuel Moreno.

Y así, mientras las autoridades siguen en la indolencia, la ciudadanía sigue resolviendo como puede sus necesidades habitacionales, de manera espontánea en la gran mayoría de los casos es decir a través de mecanismos alternativos (informales) con graves consecuencias sobre la calidad de vida, la convivencia y el presupuesto público.

El lastre de la informalidad
En efecto: de las 817.000 viviendas producidas durante el período inter-censal 1993-2005, 440.000 (el 54 por ciento) fueron informales. La informalidad en materia de vivienda no solo es un problema de calidad de vida para los ciudadanos que habitan en tales condiciones, sino que propicia un ambiente para justificar y legitimar comportamientos que deterioran la convivencia y apalancan los conflictos.

Además todas las carencias que conlleva la informalidad se traducen inevitablemente en costos fiscales crecientes, que arrastramos como un pesado lastre y pagamos por décadas todos los ciudadanos.

La vivienda es un derecho
Las acciones de gobierno deberían adoptar la perspectiva de la vivienda como derecho fundamental, tal como lo ordena la Constitución de Colombia: la vivienda es un derecho ciudadano y no una simple mercancía; el Estado tiene obligaciones que se traducen en competencias legales y en recursos institucionales.

Ha sido justamente la Corte Constitucional quien ha desarrollado la interpretación sobre el contenido y la exigibilidad de este derecho, en particular para aquellos grupos cuyas condiciones son vulnerables y requieren protección especial para lograr la igualdad, no solo formal sino material en el goce del mismo.

El contenido y alcances del derecho a la vivienda se rigen por un conjunto de normas dispersas, tanto nacionales como locales, además de los compromisos derivados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Colombia mediante Ley 74 de 1968 [1]. Dada la gran complejidad que significa satisfacer el derecho a la vivienda, es muy amplio el conjunto de normas que buscan garantizarlo:

  • Normas de ordenamiento territorial y planificación (acciones y funciones públicas directamente relacionados con la generación de suelo y con condiciones de acceso y calidad a infraestructuras adecuadas);
  • Normas sobre condiciones y mecanismos de financiamiento de la vivienda;
  • Normas referentes a la construcción y a la sismo-resistencia que deben tener las edificaciones;
  • El derecho a la vivienda digna está consagrado en el artículo 51 de la Constitución [2].

De conformidad con el texto constitucional, el Estado colombiano debe promover:

a) planes de vivienda,
b) sistemas adecuados de financiación a largo plazo, y
c) formas asociativas de ejecución de estos programas.

Sin embargo, como dije, satisfacer este derecho implica un complejo conjunto de componentes y atributos, lo cual significa que una política que pretenda garantizar este derecho, así sea de forma progresiva, debe partir de una definición de la “vivienda digna”.

Como instrumento para interpretar el derecho a la vivienda, la Corte Constitucional adoptó la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. [3]

En este documento se destaca la noción de adecuación en el contexto dinámico de la progresividad del derecho a la vivienda, atendiendo la complejidad y diversidad de factores que en distintos continentes y culturas interactúan, para hacer posible o impedir el acceso y disfrute de una vivienda adecuada, en particular para los sectores de población más vulnerable.

Dos tipos de atributos -y de esfuerzos
El concepto de vivienda adecuada implica pues satisfacer un cierto número de cualidades parametrizables, que en conjunto son y significan mucho más que una mercancía, y más que un simple techo con cuatro paredes:

-Un subconjunto de los atributos de la Observación No 4 pueden calificarse como atributos colectivos, y son aquellos externos a la vivienda; por ejemplo, las redes de servicios públicos, los accesos, la localización.

-Un segundo grupo podría calificarse de atributos internos de la vivienda o propiamente domésticos, y son aquellos que se dan “de puertas para adentro” (sus condiciones de habitabilidad, por ejemplo).

Los atributos colectivos o externos deberían ser la prioridad de la política pública y de los esfuerzos gubernamentales, por su naturaleza determinante para lograr el objetivo y por la dificultad para ser garantizados. En efecto: estos atributos suponen recursos de planeación, inversión y gestión que están más allá de la capacidad individual de cada familia, y al mismo tiempo son los que en el largo plazo tienen mayor impacto sobre la calidad de vida de todo el vecindario.

Tal es el caso de la localización adecuada, el de la seguridad respecto de riesgos físicos o ambientales, el de los espacios verdes y de recreación, el de la conectividad vial y el transporte, el de los servicios públicos –principalmente agua y energía–, y los servicios sociales de salud, educación, cultura, etc.

Para que la vivienda cumpla con los atributos referidos a la casa en sí misma, “de puertas para adentro”, se requiere de otro tipo de esfuerzos, donde también es necesario el concurso del Estado, en un grado y función diferentes, pero con la posibilidad de contar con el esfuerzo propio de las familias, en un amplio abanico de opciones financieras, cuyo suministro y gestión aportan los mercados y a los cuales se accede según las capacidades y condiciones socio-económicas de cada grupo poblacional.

De tal manera que el apoyo estatal para alcanzar la adecuación de una vivienda en cuanto a sus atributos internos, puede ir desde aquellas familias que requieren apoyo en todos los componentes, hasta aquellos que requieren solo un pequeño apalancamiento financiero.

Como demuestra la propia experiencia de Bogotá, las familias han mejorado con su esfuerzo individual -en la medida de las posibilidades y con enormes limitaciones técnicas- las condiciones materiales de muchas viviendas consideradas individualmente, pero difícilmente pueden, por sí mismas, lograr la cobertura y la calidad de otros atributos como los servicios públicos, la localización adecuada, la conectividad y la movilidad adecuadas, el acceso a los servicios sociales, la recreación, la seguridad etc.

De hecho Bogotá ha tenido que invertir billones de pesos en desmarginalización y mejoramiento de barrios.

El déficit de vivienda
¿Quiénes no han podido satisfacer dignamente el derecho a la vivienda en Bogotá? ¿Donde están localizados?

  • Bogotá tiene en total 1.978.528 hogares y solo 1.713.437 viviendas [4].
  • En términos convencionales cuantitativos, el universo de hogares bogotanos que no tienen satisfecho su derecho a una vivienda digna asciende a 307.945 [5] (15,56 por ciento del total).
  • En principio, 145.822 hogares del universo no poseen, pero teóricamente aspiran a poseer vivienda propia [6].
  • 162.124 hogares bogotanos presentan algún tipo de carencia o insatisfacción de su derecho a la vivienda, constituyendo el llamado deficit cualitativo [7]: estructura, hacinamiento, servicios públicos.

Aun cuando la ciudad cuenta con buenos instrumentos de medición, que arrojan incluso información desagregada por localidades, las definiciones básicas sobre el significado y alcance de las categorías del déficit no alcanzan a dar cuenta precisa de los fenómenos que habríamos de identificar y cuantificar: o no se establece la representatividad estadística de la muestra o se presentan contradicciones entre diferentes fuentes “oficiales”, fenómeno que se aprecia incluso en las líneas de base que adoptó el presente plan de desarrollo.

En efecto, el plan de desarrollo de la administración Moreno, incluyó nuevas categorías en el déficit cualitativo, para atender realidades de gran impacto:

  • el reconocimiento de viviendas construidas sin licencia;
  • el refuerzo estructural;
  • el mejoramiento de condiciones de habitabilidad;
  • el mejoramiento de barrios;
  • el mejoramiento de vivienda rural y
  • la presencia del arrendamiento como opción habitacional para un importante número de bogotanos (más del 50 por ciento en estratos uno y dos).

 Sin embargo las líneas de base no han sido revisadas ni validadas, tarea sin la cual cualquier propuesta de política en materia de vivienda social resulta incompleta y sesgada.

Soluciones interesantes dentro del portafolio de competencias que ya cuenta con definiciones legales
Profundizar en la eficacia y reducción de los costos de transacción de los instrumentos de ordenamiento y gestión de suelo, como los planes parciales y zonales, la declaratoria de desarrollo prioritario, el anuncio de proyecto, la recuperación de plusvalías etc, es un imperativo para el adecuado cumplimiento del principio legal de la “función Pública del Urbanismo”.

Varios trabajos académicos demuestran el potencial existente para redensificar de forma inteligente la ciudad, reestructurando zonas urbanas y mejorando barrios y viviendas, sin tener que expulsar a sus actuales ocupantes, pero ampliando y optimizando la opción del arrendamiento, mediante esfuerzos orientados a aprovechar al máximo los atributos colectivos que ya la ciudad brinda en infraestructura, transporte, salud y educación.

Sin embargo, para lograr este propósito se necesita:

  • Superar la barrera que implica la captura de la institucionalidad por parte de los gremios o de los intereses partidistas.
  • Propiciar un trabajo más integral, técnico y ponderado, que dé cuenta tanto del costo social como del costo fiscal de la inequidad y de la segregación socio-espacial en el mediano y en el largo plazo.
  • Ampliar el concepto de cierre financierodel individuo y del proyecto a la ciudad como un todo, para restablecer la equidad en materia habitacional y para dar a los ciudadanos de menores ingresos oportunidad de invertir en otras necesidades que mejoren su calidad de vida y contribuyan a dinamizar la economía local.
  • Generar, bajo el liderazgo de la administración, suelo urbanizado y opciones de edificabilidad en áreas de renovación y mejoramiento para soluciones de vivienda de interés social y de interés prioritario.
  • Reconocer el arrendamiento como opción habitacional, de interés social y trabajar en los mecanismos institucionales para superar sus limitaciones y conflictos derivados de la informalidad.

*Alejandro Florián Borbón, Abogado Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado en diferentes aspectos de la producción social de vivienda desde 1982. Fue director ejecutivo de Fedevivienda entre 1992 y 2008 y actualmente es Director Regional del Centro para El derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE). Ha participado además en varios espacios directivos en organizaciones como la junta del Inurbe 1996-1998 y Metrovivienda 2000-2003 y actualmente en el Consejo de Directores de la Coalición Internacional Hábitat.

Para ver las notas de pie de página, pose el mouse sobre el número sin dar click.

Por Ana Cutts, Directora Nacional, Hábitat para la Humanidad Argentina

La problemática habitacional de la Ciudad de Buenos Aires se manifiesta, explota y llega a matar. Difícilmente esta situación se resuelva en poco tiempo. Mientras las autoridades ponen parches y “atan con alambre”, la solución esta cada día más lejos. Esta problemática que vemos allá en el Sur de la Ciudad, también está a metros del obelisco, en el barrio más turístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Boca, a metros de la Casa Rosada. Allí coexisten inmuebles tomados, conventillos con riesgo de derrumbe, hoteles pensión donde viven de 8 a 10 personas en un cuarto de medidas mínimas; condiciones iguales o peores de las que nos muestran con asombro los medios de las “lejanas villas del sur”.

Mientras debatimos los planes de vivienda, en todas las ciudades del mundo un porcentaje creciente de familias elijen el alquiler justo como una solución transitoria y viable. Pero en Buenos Aires, hasta las posibilidades de alquilar departamentos en condiciones adecuadas son escasas o nulas. Detrás de una fachada pintoresca se esconden la usura, la violencia, el peligro estructural y el desamparo de quienes están excluidos del mercado formal de alquileres.

Desde hace dos años Hábitat para la Humanidad Argentina, ofrece a estas familias un proyecto de “Alquileres Tutelados”, donde aportamos una garantía y acompañamiento social para acceder a alquileres en ambientes adecuados. Sin embargo, solo hemos podido ubicar a 4 familias, de las más de 100 que tenemos registradas, por dos razones muy vinculadas a la situación que explotó en el sur de la ciudad de Buenos Aires

  • Incompetencia de la ley en resolver incumplimientos de contratos de alquiler.
  • Falta de unidades en oferta para alquilar.

Además, hace un año que tramitamos los permisos necesarios para poder construir unidades adecuadas para alquileres justos en el barrio de La Boca pero existen muchos obstáculos que van desde la burocracia, hasta posiciones mezquinas y poco realistas que ignoran la emergencia habitacional en la que esta la ciudad. Existen más de 100 mil unidades en desuso o mal uso en Buenos aires, mientras otras 100 mil familias viven en condiciones que hoy atentan contra la salud y el futuro de sus/nuestros niños.

Urge una decisión política para apoyar los diferentes proyectos que presentan las organizaciones no gubernamentales, enfocados en el hábitat urbano y con el fin de reacondicionar estos espacios y aliviar la emergencia habitacional de, entre otros, el barrio más turístico y también más precario de la Ciudad de Buenos Aires.

Reproducido con el permiso de la autora.
Ver original en Noticias HPHA.

Boletín de Promoción Defensa e Incidencia Nº2

En esta edición hacemos un primer acercamiento a políticas públicas de financiamiento para la vivienda en algunos paises de la región, y a los referentes en que se sustentan para el beneficio de los sectores más vulnerables. Para ello, autoridades de gobierno, profesionales, y redes de la sociedad civil contribuyen desde sus perspectivas y experiencias.

Patricia Poblete Bennett, quien fuera Ministra de Vivienda y Urbanismo de Chile durante los cuatro años de la gestión de Michelle Bachelet, nos señala que la nueva política implementada respondía  a una trilogía de desafíos: cantidad, calidad, e integración;  ello implicó la decisión de adicionar al presupuesto habitual, más de dos mil millones de dólares para los cuatro años de gobierno, constituyéndose en la mayor inversión social en materia de vivienda y barrio, en la historia de Chile.

David Ramos Lopez, Vice Ministro de Vivienda y Urbanismo del Perú nos refiere el rol fundamental del sector en generar y promover la construcción, financiamiento y adquisición de viviendas a través de mecanismos legales y sobre todo, a través del subsidio a la demanda que ha sido fundamental para activar a los agentes y promotores privados.

Desde la sociedad civil, Paul Maquet Makedonsky miembro de la Alianza Internacional de Habitantes – AIH nos comparte  conclusiones del proceso de reflexión colectiva llevado a cabo en el seno de la AIH entre el 2007y el 2010,  identifica las necesidades de financiamiento, para cubrir los déficit de vivienda en la región y concluye con recomendaciones para una estrategia de intervención como base para una discusión amplia.

Martha Arébalo, Coordinadora del Centro Cooperativo Sueco en Bolivia analiza las debilidades institucionales, financieras, y de información del Programa de Vivienda Social en Bolivia, que se promueve en el marco del “Vivir Bien”, uno de los principios éticos morales y constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia. Señala el desafío que significa evidenciar la atención a la pluralidad, y los derechos de los grupos vulnerables que propugna  el PVS, y a la necesidad de instrumentar medidas afirmativas que acorten las brechas de género, generación y grupo social y étnico.

Demóstenes Moraes, Director Nacional de Habitat para la Humanidad Brasil,  hace una revisión de los avances de los sistemas y políticas de desarrollo urbano y de vivienda en Brazil, con énfasis en el Programa “Mi Casa, Mi Vida” – MCMV y formula desafíos que implican, para el nuevo gobierno de Dilma Rousseff, la implementación de la segunda etapa del MCMV.

Maria Elena Acosta profesional de larga experiencia en políticas públicas y socióloga de Ecuador nos presenta de manera sintética el camino recorrido en la producción de políticas públicas en el sector vivienda en Ecuador, y la inversión de recursos públicos, ubicando elementos centrales para reflexión.

Mario Rivera de Habitat para la Humanidad Mexico,  ilustra el comportamiento del ejercicio presupuestal 2010 de los programas de Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO); en el marco de las erogaciones presupuestales destinadas a la atención de las necesidades específicas de vivienda de las mujeres jefas de familia.

Se presenta una breve referencia a las nuevas políticas de vivienda propuestas por los electos gobiernos de Chile y  Costa Rica. Compartimos dos pronunciamientos públicos realizados por HPH Argentina y Honduras respecto a la problemática de alquileres en Buenos Aires; y el derecho a la ciudad en San Pedro de Sula, Honduras. Finalmente, una breve referencia que hace el especialista Rubén Sepulveda respecto a una reciente Publicación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile.

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