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Por Marta Elena Hernández
Desde niñas, jugando a “la casita”, las mujeres latinoamericanas nos apropiamos del espacio doméstico como un ámbito fundamental en nuestras vidas. Culturalmente se nos enseña que “somos de la casa”, aun cuando la casa no sea nuestra. A pesar de que día a día tenemos mayor presencia y responsabilidad en los espacios públicos, el proceso de socialización nos sigue responsabilizando por la casa y por los procesos familiares y comunitarios que se desarrollan en torno a ella.
Acceder a una vivienda adecuada , es un desafío difícil para un alto porcentaje de los aproximadamente 230 millones de pobres en América Latina y, de manera especial para las mujeres, pues su exposición a la pobreza es más alta que la de los hombres en todos los países de la región (1.15 veces mayor), situación que se agrava con el aumento de la jefatura de hogar femenina, la cual se vive en aproximadamente el 32% de los hogares latinoamericanos.
La sobrecarga de trabajo no remunerado, el cuido de terceros, la inseguridad de la tenencia de la tierra que habitan, el limitado acceso a servicios básicos, la precariedad de sus viviendas y su incidencia en las condiciones de salud y educación de ellas y de sus hijos, son solo algunos de los factores que contribuyen sensiblemente a que se siga perpetuando el círculo de la pobreza.
A estos factores se une la exclusión histórica de su reconocimiento como sujeto de derechos, pues a pesar de los avances significativos en algunas de las legislaciones nacionales, se mantienen prácticas que obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de su ciudadanía.
La brecha de pobreza por género exige políticas de largo plazo, con el fin de promover el reconocimiento de su derecho “… a una vivienda adecuada, es decir, a un espacio protegido, privado y seguro, donde tenga un sentimiento de pertenencia y conexión con sus raíces, y donde pueda disfrutar de sus otros derechos y desarrollar actividades reproductoras y productivas”. Así como para “proporcionar seguridad jurídica sobre la tenencia e igualdad de acceso a la tierra a todas las personas, incluidas las mujeres y a emprender reformas para dar a la mujer acceso pleno y equitativo a los recursos económicos, incluido el derecho a la herencia y la propiedad de la tierra”.
El diseño y la definición de estrategias para una exitosa puesta en práctica de estas políticas y programas pasan por enfrentar desafíos tanto de carácter conceptual como metodológico. Algunos de estos son:
- Involucrar activamente en la toma de decisiones a las mujeres. Implementar las “acciones positivas o afirmativas” como instrumentos de equiparación de las desigualdades, asegurando igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
- Reconocer la existencia de diversidad de tipos de familias, no solo la familia nuclear, sino hogares a cargo de mujeres, hogares unipersonales, y otra múltiple mezcla de “arreglos familiares”, que derivan en las necesidades habitacionales también diversas.
- Privilegiar las familias con un alto número de miembros económicamente dependientes, debido a la mayor vulnerabilidad que esto conlleva.
- Considerar los roles diferenciados de hombres y mujeres en el sostenimiento de las familias no solo en el ámbito económico, sino también afectivo, psicológico y de establecimiento de las redes sociales de apoyo comunitario.
- Garantizar a las mujeres el acceso a financiamiento para vivienda en diversas modalidades por ejemplo créditos y subsidios.
- Mejorar la protección legal de la tenencia de la tierra y la vivienda en sus diferentes modalidades: privadas, públicas, cooperativas, comunales.
Hay ejemplos de iniciativas que buscan visibilizar el rol de la mujer y que sirven para ir abriendo brechas, en la discusión y análisis de la temática al interior de las organizaciones nacionales de Hábitat para la Humanidad en América Latina. Algunos estos son:
Hábitat para la Humanidad Bolivia: El Proyecto “Mujeres jefas de hogar, Gestoras del Derecho Humano a la Vivienda” implementado en Cochabamba y Santa Cruz (municipio La Guardia), está promoviendo que las mujeres reconozcan sus derechos y se apropien de ellos para participar de manera activa -desde sus casas, en sus barrios y en escenarios políticos- de manera que puedan revertir aquello que les afecta en su vida cotidiana y que no les permite vivir en condiciones de dignidad. También, el proyecto financiado por DFID que apunta a promover la práctica procedimental y actitudinal de la mujer como agente impulsor protagonista en la regularización de suelo.
Hábitat para la Humanidad Brasil: El proyecto Mulheres Recriando Vidas provee una casa financiada mayormente con subsidios del gobierno y un microcrédito que se ajuste a su capacidad de pago. Desarrollado en la ciudad de Feira Nova, Estado de Pernambuco. A familias cuya principal fuente de ingresos es el raspado de yuca realizado por mujeres. Cada mujer recibe US$8 por tonelada de mandioca raspada. Su jornada de trabajo es de 12 a 16 horas.
Hábitat para la Humanidad Costa Rica: La organización acogió la posibilidad ofrecida por el artículo 42 del Código de Familia, para que la propiedad de las viviendas que construye sean inscritas en el registro de la propiedad con “afectación al Patrimonio Familiar”, es decir que, no puede ser enajenado ni gravado, sino con el consentimiento de ambos cónyuges, ni puede ser perseguido por acreedores personales del propietario, salvo en deudas contraídas por ambos cónyuges. Lo que contribuye a que en caso de rompimiento de la relación de pareja, las mujeres y los niños no queden desprotegidos.
Hábitat para la Humanidad El Salvador: Para el proyecto de reconstrucción para familias afectadas por la tormenta Ida, toda la información ha sido segregada para poder tener los datos de hombres y mujeres, y analizar como una situación de desastres puede afectar de manera diferenciada a las mujeres y a los hombres. De las 50 familias a beneficiar por este proyecto, el 66% tienen como cabeza de familia a mujeres; este porcentaje producto de la definición de criterios específicos de selección que priorizan apoyar de manera intencional a madres solteras y jefas de hogar.
Hábitat para la Humanidad México: Proyecto Mujeres Moviendo el Mundo: que otorga a 300 mujeres jefas de familia de escasos recursos, soluciones habitacionales adecuadas y saludables, de acuerdo a sus necesidades y fortalece en las mujeres habilidades para el liderazgo y trabajo en grupo, para que participen en el proceso de construcción y se integren a organizaciones comunitarias.
Hábitat para la Humanidad Costa Rica, Paraguay y Bolivia tienen en su plan estratégico a las familias con jefatura femenina como población meta prioritaria.
Estos pasos nos motivan a seguir caminando para enfrentar el reto de la incorporación de la perspectiva de género en las estrategias programáticas diseñadas para el cumplimiento de la misión. Y que refleje de manera explícita en las acciones, proyectos y programas la intencionalidad de promover, divulgar y defender el derecho de las mujeres a la vivienda adecuada, a la tenencia segura y a ciudades seguras.
Fuentes
ONU. Consejo Económico y Social. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. La mujer y la vivienda adecuada. E/CN.4/2003/55 del 26 de marzo de 2003. Párrafo 4.
CEPAL. Informe Panorama Social de América Latina 2009.
Secretaría General ‐ Coalición Internacional para el Hábitat. Resumen del Seminario Internacional. Las Mujeres y el Derecho a la Vivienda: Construyendo Hábitat desde la Dignidad. Barcelona, España. Noviembre 2008.
Declaración de Estambul 1996.
Por Flora Calderón-Steck
“La vivienda no debe de interpretarse en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare con un techo o considere exclusivamente como una comodidad; sino como el derecho de todas las personas, sea cual fuese su situación económica o posición social, de vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.”
La vivienda adecuada tiene un amplio reconocimiento como un derecho humano plasmado en más de 20 instrumentos de derecho internacional (UN-HABITAT, 2006). A pesar del continuo reconocimiento por parte de la comunidad internacional del papel fundamental de la vivienda adecuada para todas y todos, la abrumadora realidad es que millones de personas no disfrutan de este derecho. Esta precariedad se acentúa en áreas urbanas donde más de la mitad de la población mundial vive.
A nivel mundial, UN-HABITAT estima que solo en áreas urbanas mil millones de personas tienen problemas relacionados con la vivienda (UNCHS, 2001). Si se incluyen las áreas rurales, se podría duplicar el número de personas viviendo en condiciones inadecuadas. De las regiones en desarrollo, América Latina y el Caribe es la más urbanizada, con 77% de la población viviendo en ciudades (UN-HABITAT, 2008). En el contexto de mayor desigualdad en el mundo, la expansión de ciudades latinoamericanas ha sido desordenada y excluyente. Como consecuencia, “actualmente existen 26 millones de viviendas que son inadecuadas y se requieren con urgencia 28 millones de unidades adicionales para reducir el hacinamiento y condiciones inferiores a los estándares” (Jha, 2007). La incapacidad de mercados formales y políticas de estado de garantizar condiciones adecuadas para la creciente población urbana ha llevado a 128 millones de personas a vivir en asentamientos informales (ibid). Esta cifra representa un tercio de la población urbana de la región (UN-HABITAT, 2004). Los asentamientos precarios que emergen se caracterizan por las condiciones que atentan contra la seguridad y salud de sus habitantes vulnerando su derecho humano a la vivienda adecuada.
En este flagrante contexto de violación al derecho a la vivienda, la organización no lucrativa de principios cristianos Hábitat para la Humanidad Internacional se ha dedicado desde fines de la década de los setenta a dirigir sus esfuerzos para enfrentar este reto. La organización encamina estos aportes a la transformación y fortalecimiento de comunidades a través de, entre otros programas, la construcción, mejoramiento y financiamiento de viviendas económicamente accesibles.
Derecho a la vivienda adecuada
Desde la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el derecho a la vivienda adecuada es explícitamente reconocido en una gran gama de instrumentos internacionales.
La Declaración establece que:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”
En 1966, el derecho a la vivienda adecuada es reafirmado y elaborado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Organización de Naciones Unidas encarga al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales las tareas de monitorear el cumplimiento del Pacto por parte de los estados firmantes y de emitir pronunciamientos interpretativos sobre su contenido.
En esta función, en 1991 el Comité emitió la “Observación General Número 4: El derecho a una vivienda adecuada” donde forja una definición integral de este derecho humano. El Comité anota que el derecho a la vivienda está vinculado por entero con otros derechos humanos y los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre ellos el concepto de dignidad humana y de la no discriminación. Por ende, la vivienda no debe de interpretarse en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare con un techo o considere exclusivamente como una comodidad; sino como el derecho de todas las personas, sea cual fuese su situación económica o posición social, de vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.
Perspectiva de género
Es importante detenernos brevemente aquí y tomar nota de la continua discriminación que sobrellevan los grupos vulnerables, destacando el caso de las mujeres. Aunque tanto hombres como mujeres sufren ante las desarticulaciones y carencias producto de un desarrollo urbano excluyente, las mujeres son especialmente excluidas por cuestiones legales, culturales, políticas y económicas.
Reflejo de la injusticia a la que se somete a las mujeres es su sobre representación en la mayoría de los países de la región entre las personas en condición de pobreza. A su vez, los hogares encabezados por mujeres tienden a ser más vulnerables. La consultora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Daniela Zapata, destaca que en la región, el porcentaje de estos hogares se incrementó en la última década. En el año 2002, entre el 18% y 30% de los hogares tenían jefatura femenina, mientras el porcentaje de hogares encabezados por mujeres que viven en condiciones de pobreza extrema se encontraba entre el 21% y el 54%. Es decir, los hogares encabezados por mujeres están sobre representados en el grupo de hogares indigentes (Zapata, 2007).
Lastimosamente, en su reporte sobre la transversalización de la perspectiva de género en los objetivos de desarrollo del milenio, Zapata no analiza el objetivo número siete que toca el tema de la vivienda. Sin embargo, sabemos que a nivel mundial los hogares encabezados por mujeres se están incrementando en asentamientos informales, zonas caracterizadas por las limitadas opciones para medios de vida sostenibles (UN-HABITAT, 2008). En cuanto al derecho a la propiedad y tenencia de la tierra, sigue habiendo una brecha entre la igualdad formal de mujeres y hombres ante la ley y la conquista de igualdad de género en la práctica. Esta sigue siendo la realidad en la región, aún cuando los países latinoamericanos han reformado su códigos civiles y constituciones (Marqués Osorio, 2006).
Una amplia literatura en las ciencias sociales desde los años setenta ha recogido las múltiples formas en que las mujeres en la región se han organizado para proveer a sus familias y exigir al estado sus derechos como ciudadanas de sus sociedades (Radcliffe y Westwood, 1993; Kaijser, 2007). El enfoque de derechos humanos nos convoca a no perder de vista la diversidad de efectos en distintos grupos y adoptar la perspectiva de género como eje transversal.
Concepto de adecuación
Volvamos al trabajo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la Observación General 4, el Comité hace uso del concepto de adecuación para interpretar la vivienda en un sentido amplio tomando en cuenta diversos aspectos que deben ser objeto de protección y garantía. Aun cuando factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole determinan la adecuación, el Comité sostiene que es posible identificar elementos mínimos que constituyen una vivienda adecuada en cualquier contexto determinado.
Entre otros posibles, el Comité subraya los siguientes siete elementos constitutivos del derecho a la vivienda adecuada. Aun cuando las personas puedan contar con una construcción, si ésta carece de alguno de estos elementos no puede ser considerada como una vivienda adecuada.
- Seguridad jurídica de la tenencia: protección legal contra desalojos forzosos, hostigamiento u otras amenazas.
- Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.
- Gastos soportables: gastos de la vivienda no deben de impedir ni comprometer el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas.
- Habitabilidad: espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.
- Accesibilidad: la vivienda debe ser físicamente accesible para todas las personas; grupos en situación de desventaja tienen prioridad (discapacitados, ancianos, niños, víctimas de desastres).
- Lugar: acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Fuera de áreas de contaminación.
- Adecuación cultural: expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.
A partir de este pronunciamiento por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en las últimas dos décadas la comunidad internacional ha hecho importantes esfuerzos para profundizar en la aclaración y ampliar el concepto legal del derecho a la vivienda adecuada. En el ámbito de Naciones Unidas cabe destacar la Segunda Conferencia sobre los Asentamientos Humanos, conocida como Hábitat II, que tuvo lugar en 1996 en la ciudad de Estambul. El resultado de esta conferencia fue la adopción por los estados miembro de la Agenda Hábitat. Este documento consolida el derecho a la vivienda adecuada como un derecho humano fundamental y elabora acciones y medidas necesarias en el proceso de realizar el derecho a la vivienda adecuada (UNCHS, 2001).
La Agenda Hábitat guía a los gobiernos y sociedad civil a colocar los derechos humanos en el centro de la formulación y aplicación de políticas en el sector de la vivienda. Expresa el concepto de habilitar procesos para la vivienda; es decir, los gobiernos tienen la responsabilidad de establecer y facilitar un entorno propicio en que se apoyen el potencial y capacidad de todas las partes interesadas en la consecución de la vivienda (UNCHS, 2001).
Cuatro años después de Hábitat II, la Declaración del Milenio de Naciones Unidas enuncia el consenso global de los estados miembros y las organizaciones internacionales más importantes de desarrollo de alcanzar una serie de metas para reducir la pobreza mundial en sus diversas manifestaciones para el año 2015. Se trata de ocho objetivos fundamentales que se subdividen en 18 metas específicas. La vivienda es el tema de la meta 11 del objetivo 7 que apunta a una mejora significativa en las vidas de 100 millones de habitantes de asentamientos precarios. Manteniendo la proporción de la población de la región respecto al mundo, a América Latina y el Caribe le corresponde plantearse la meta de 13,8 millones de personas, lo que representa un 11% de la población que vive en asentamientos precarios en la región en 1990 (Quiroga Martínez, 2007: 68).
Para concretar los consensos internacionales sobre el derecho humano a la vivienda adecuada, es esencial la participación de una ciudadanía solidaria y comprometida con su causa. En su aporte a esta labor, Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe busca movilizar a colectivos de individuos a que tomen acción y se conviertan en promotores de la causa.
¿Qué opinas tú?
¿Las obectivas y metas de la comunidad internacional se pueden ser logrados?
¿Qué tiene que pasar en nuestra región para hacer que el derecho a la vivienda adeucada sea una realidad universal?
Fuentes:
Jha, Abhas K. 2007. “La vivienda popular en América Latina y el Caribe”.
Marques Osorio, Leticia. 2006. El derecho humano a la vivienda adecuada en América Latina: de la teoría a la práctica. En Derechos económicos, sociales y culturales en América Latina: Del invento a la herramienta. Alicia Ely Yamin coordinadora. México: Plaza y Valdés, SA de CV. Pp. 235-254.
Quiroga Martínez, Rayén. 2007. “El séptimo objetivo del milenio en América Latina y el Caribe: avances al 2007.” Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos. No. 57. División de Estadística y Proyecciones Económicas. Santiago: CEPAL.
Radcliffe, Sarah A. & Sallie Westwood. 1993. ‘Viva’: Women and Popular Protest in Latin America. London and New York: Routledge.
UNCHS 2001. Position Paper on Housing Rights.
UN-HABITAT. 2004. UN-HABITAT Feature/Backgrounder, State of the World’s Cities—Trends in Latin America & the Caribbean: Urbanization & Metropolitanization.
UN-HABITAT. 2006. No.2 International instruments on housing rights (HS/639/01 E). Nairobi.
UN-HABITAT. 2008. State of the World’s Cities 2008/2009: Harmonious Cities. London: Earthscan.
Zapata, Daniela. 2007. “Transversalizando la perspectiva de género en los objetivos de desarrollo del Milenio”. Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos No. 52. División de Estadística y Proyecciones Económicas. Santiago de Chile: CEPAL.
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Percepciones sobre la problemática de la vivienda y de la marca Hábitat para la Humanidad
Resolver el problema de la vivienda inadecuada requiere más que construir y rehabilitar viviendas. Debemos educarnos acerca del tema de la vivienda, y así comprender las leyes, los sistemas y las prácticas que permiten o impiden el acceso equitativo a la vivienda adecuada. Entonces, levantamos nuestra voz colectivamente para que el derecho humano de una vivienda adecuada sea una realidad para cada familia de la región.
El acceso a la vivienda adecuada en un mundo cada vez más urbano
El mundo se está haciendo cada vez más urbano, con más de la mitad de la población viviendo en las ciudades. Alrededor de mil millones de personas (una sexta parte de la población mundial) vive en precarios. Se espera que este número se duplique en las próximas tres décadas. (SLUM Assistance Act 2009)
Según Hábitat Naciones Unidas, un “precario” se caracteriza por su acceso inadecuado a infraestructura básica, como agua potable y sistemas de salubridad. Sus habitantes viven hacinados, en viviendas mal construidas, y a menudo corren un alto riesgo de ser desalojados por falta de tenencia legal. Más
El acceso a la vivienda adecuada respalda otras prioridades, tales como la salud y la educación, que son clave para el desarrollo urbano y la reducción de precarios. Sin acceso a un techo adecuado, los otros resultados del desarrollo se ven afectados negativamente. Este asunto es especialmente pertinente para América Latina y el Caribe, donde más del 75% de la población vive en zonas urbanas.
Tome acción: Ley de ayuda para precarios
La ley de ayuda para precarios, o SLUM Assistance Act (Vivienda, Tierra, y Manejo Urbano, por sus siglas en inglés), exige que la Asistencia Exterior de los Estados Unidos establezca e implemente programas que: 1) promueven un desarrollo urbano sostenible y, 2) expanden el acceso a la vivienda básica y asequible, los servicios urbanos esenciales y la infraestructura para familias que sufren de pobreza.
Tome acción para ayudar a que se apruebe esta ley en los Estados Unidos
Se consagra como derecho fundamental el acceso a un hábitat y una vivienda adecuada en la Constitución de Bolivia.
La nueva constitución boliviana consagra y aumenta los derechos de los pueblos indígenas como muestra de prioridad política para incluir a las mayorías, que hasta entonces habían estado marginadas de todo programa de gobierno.
Entre los nuevos derechos destaca el acceso a un hábitat y una vivienda adecuada como prioridad del Estado en todas sus formas de Gobierno, abriendo así mayor oportunidad para el acceso a los grupos más vulnerables (los pobres, los marginados y los excluidos), a través de iniciativas y proyectos concretos impulsados desde lo local. La constitución visibiliza los componentes de la vivienda adecuada desde principios de accesibilidad, equidad y justicia social. Además, el artículo 19, además ortega competencia a los gobiernos regionales para promover planes de vivienda de interés social. Se vincula con el artículo 20, que garantiza la provisión de los servicios básicos.
Próximos pasos
Para Hábitat para la Humanidad y para todas las instancias que comparte la misma causa, la constitucionalización del derecho a una vivienda adecuada supone un mayor reto, al conquistado durante el proceso constituyente, que para hacerlo exigible, nos obliga a avanzar en la construcción de políticas habitacionales y específicas, vinculadas al desarrollo urbano, para intervenir en el mercado del suelo, y ampliar el debate y reflexión del problema socio habitacional, y de la calidad de la vivienda social—en términos de habitabilidad y equidad—en todo el proceso de reformulación de herramientas jurídicas a partir de la gestión social de la ciudadanía.
Una tarea inmediata en Bolivia y a nivel de la Red Nacional de Asentamientos Humanos (RENASEH) es volcar los esfuerzos a influir en la Vicepresidencia y en el Ministerio de la Presidencia, que se encuentran revisando la ley de organización del poder ejecutivo, coyuntura propicia para insistir sobre la importancia de la creación de la cartera de Vivienda y Servicios Básicos, que han estado subordinados a otros ministerios.
Celebraciones
RANESH celebró con una marcha la conquista del derecho humano a la vivienda y apoyó el Foro Social Mundial realizado en Belem, Brasil el 29 de enero. Se logra amplia cobertura de los medios de comunicación en la difusión del Seminario sobre Estrategias de Articulación Regional para la implementación del derecho a la ciudad, en el marco del Foro Social Mundial. Además, las ciudades de Cochabamba y La Paz diseminaron información sobre el Foro Social Mundial, sus objetivos, desafíos y alcance.
Hábitat para la Humanidad Bolivia, a través de la Red Nacional de Asentamientos Humanos (RANESH), extendió la información sobre los alcances y objetivos del Foro Social Mundial, realizado este año en Brasil. Notas de prensa y una amplia cobertura de los medios de comunicación en dos ciudades permitió diseminar la noticia a nivel nacional y se vinculó el seminario de construcción de estrategias latinoamericanas con la marcha de celebración que tuvo RANESH por la conquista del derecho humano a la vivienda en la nueva constitución política del estado.
Alejandra Dominguez es la Especialista de Incidencia Política para Hábitat para la Humanidad Bolivia.




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